Telefónica quiere protegerse de cualquier intento de compra hostil. La operadora ha decidido no aplicar el real decreto sobre la Ley de Sociedades aprobado en julio de 2010 y que obligaba a eliminar las limitaciones de voto en las empresas cotizadas. La compañía presidida por Cíésar Alierta, que impide a un accionista votar por más del 10% del capital, se parapeta de esta manera contra cualquier posible Oferta Pública de Adquisición no solicitada.
El real decreto, conocido como Enmienda Florentino, fue sancionado el 3 de julio de 2010 con el fin de que ACS y Sacyr Vallehermoso, en gran medida, pudieran tomar el control de Iberdrola y de Repsol al obligar a estas empresas a abolir los blindajes que no permitían a cualquier accionista a votar por más del 10% del capital aunque fuese dueño de un porcentaje mayor.
Es decir, ACS, que llegó a alcanzar el 20% de Iberdrola seis meses despuíés de la aprobación de este real decreto apoyado por el PSOE y CiU (el PP se abstuvo), no podía votar en una junta general por más del 10% de sus derechos accionariales. Lo mismo le pasaba a Sacyr en Repsol. La situación se daba igual en Telefónica, lo cual la resguardaba de cualquier inversor que tuviera intenciones de lanzarle una oferta no pactada.
Las empresas tenían un año para reformar sus estatutos y adaptarlos a la nueva ley de sociedades. Ninguna lo hizo en 2011 porque convocaron sus juntas de accionistas antes del 3 de julio. Por tanto, había que esperar a este ejercicio para saber si cumplían con la normativa o se la saltaban. Repsol la cambió este jueves, pero Telefónica la ha rechazado.
Según explicó en la junta general del pasado 14 de mayo el secretario del consejo, Ramiro Sánchez de Lerín, la compañía está pendiente de una resolución judicial para decidir si modifica o no el artículo 23.2 de sus estatutos. Dicho artículo impide a un accionista votar por más del 10% del capital cualquiera que sea su participación.
Telefónica ha declinado dar más explicaciones sobre ese litigio, pero fuentes próximas al grupo presidido por Cíésar Alierta aseguran que la operadora presentó un recurso contra dicha norma. Hasta la fecha solo se había hecho pública la demanda de Iberdrola contra la eliminación de los blindajes, batalla judicial que ha perdido al ser rechazada por el Tribunal Supremo. La elíéctrica presentó un nuevo recurso que tiene pocos visos de salir adelante.
Viene de lejos
La oposición de Telefónica a cumplir con la ley según la cual una acción debe de valer por un voto no es nueva, como publicó El Confidencial. Despuíés de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le pidiera explicaciones por mantener dichas barreras proteccionistas, la multinacional justificó su decisión “por ser una medida que tiene por finalidad la búsqueda de un adecuado equilibrio y protección de la posición de los accionistas minoritariosâ€.
El grupo presidido por Cíésar Alierta considera que impedir votar por más del 10% del capital, con independencia del número de acciones que se posea, evita “una eventual concentración del voto en un número reducido de accionistas, lo que podría afectar a la persecución del interíés social de todos los accionistasâ€.
La multinacional añadió que tener esa limitación “no constituye un mecanismo de bloqueo de las ofertas públicas de adquisiciónâ€. Al contrario, estima que es “más bien una garantía de que la adquisición del control necesitará, en interíés de todos los accionistas, una oferta por el 100% del capital, puesto que, como es natural y enseña la experiencia, los potenciales oferentes pueden condicionar su oferta al levantamiento del blindajeâ€.
Telefónica cotiza en mínimos de 2003 despuíés de perder este año un 25% en bolsa. La caída se eleva al 37% en los últimos doce meses, comportamiento que la ha puesto a tiro de piedra de alguno de sus competidores. La española capitaliza unos 40.000 millones de euros, frente a los más de 100.000 de Vodafone. Pese a ello, sigue siendo más grande France Telecom, Deutsche Telekom y KPN, entre otras europeas.
