BMN, la unión de la cajas de Murcia, Penedíés, Sa Nostra y Granada, busca una fusión acelerada para cumplir con las dos reformas financieras impulsadas por el ministro Luis de Guindos. La incógnita sobre la celebración de la subasta de Banco de Valencia y la integración reciente de Liberbank e Ibercaja han dejado en el aire el futuro del grupo liderado por Caja Murcia.
Ante estos imprevistos, el presidente de BMN, Carlos Egea, se ha acercado a distintas entidades para ofrecer su grupo y poder alcanzar una operación corporativa. Entre ellas, según fuentes conocedoras, se encuentran el Popular, Unicaja y La Caixa. No obstante, íéstas se muestran reticentes a iniciar conversaciones formales para poder alcanzar un acuerdo.
El Popular se encuentra inmerso en la absorción del Pastor y cuenta con dos años para cumplir con las nuevas provisiones. Lo mismo le ocurre a La Caixa, que está en plena compra de Banca Cívica. Y Unicaja, que todavía está integrando España-Duero, pretende continuar su proyecto sin llevar a cabo otra operación de este tipo.
Las ventajas de un cotizado
A BMN, según las mismas fuentes, le interesa que su eventual socio sea cotizado, de ahí que estíé analizando un oferta por Banco de Valencia por si finalmente se celebra. Por ello, su principal candidato sería el Popular.
El argumento no es otro que el grupo resultante podría anotarse contra recursos propios un ajuste inicial de unos 1.800 millones para cubrir las necesidades de las reformas. Esta cifra es la diferencia entre el valor en libros de BMN, de 2.600 millones, y el valor que se podría fijar en el grupo resultante, de unos 800 millones, teniendo en cuenta los descuentos con los que cotiza el sector en el mercado, con unos múltiplos de 0,3 veces.
BMN tiene poco margen de actuación, ya que el próximo lunes tendrá que presentar un plan de viabilidad en el que detalle la hoja de ruta para cubrir sus necesidades de 1.189 millones netos de impuestos. Por el primer decreto la entidad cuantificó las provisiones extra en 256 millones, además de un búffer de capital de 293 millones. Por la segunda normativa, aprobada en mayo, tiene que hacer frente a otros 640 millones.
En una aclaración a la CNMV, BMN admitía que una de las alternativas, "en última instancia", era la emisión de bonos convertibles contingentes, que podrían ser adquiridos por el Estado. Por estos títulos, que computan como capital, tendría que abonar unos intereses anuales del 10 por ciento, lo que reduciría sus ingresos.
El aplazamiento de la subasta a julio de Banco de Valencia le impide contemplarlo como medida para el proyecto. Con esta absorción ganaría dos años de plazo para cumplir con los decretos.
El Gobierno ha decidido retrasar la adjudicación, y en el sector no ven claro que pueda celebrarse, como la de CatalunyaCaixa y Novagalicia. La falta de recursos del fondo de garantía y las elevadas ayudas que tendría que concederse en estas adjudicaciones han complicados estos proceso de venta. Aún así, el ministro Luis de Guindos indicó que la situación de Banco Valencia, por su menor tamaño, es diferente al del grupo catalán, por lo que no se descarta que finalmente se subaste
