El Consejo de Ministros aprobará hoy el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que contempla prohibir los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros. Además, tambiíén se obligará a informar de las cuentas en el extranjero y se establecerá que la rentas defraudadas no prescriban. Hacienda confía en que las nuevas medidas, la mayoría de la cuales entrarán en vigor el próximo año, anime a los contribuyentes a acogerse a la amnistía tributaria.
Cuando un Gobierno pone en marcha una amnistía fiscal suele aprobar acto seguido un endurecimiento de las leyes contra el fraude para incentivar que los contribuyentes se acojan al perdón tributario. El caso español no es una excepción. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, resumió la operación con la metáfora del "palo y la zanahoria". Aunque, en esta ocasión, es la zanahoria la que precede al palo. La amnistía fiscal, que en Hacienda denominan "regularización tributaria especial" permitirá aflorar rentas ocultas pagando solo un gravamen del 10%. El plazo para acogerse a esta medida finaliza el próximo mes de noviembre y el Gobierno confía en ingresar 2.500 millones.
Hacienda recuerda que no habrá más oportunidades de regularización y advierte que los contribuyentes que dejen escapar esta oportunidad se enfrentarán a un marco legal mucho más duro. El anteproyecto de ley contra el fraude que hoy aprobará el Consejo de Ministros contempla la "imprescriptibilidad" de las rentas no declaradas. Ello, en opinión de los expertos, supone un cambio muy importante, ya que la Agencia Tributaria podrá imputar los bienes y derechos evadidos al último periodo no prescrito, con independencia del momento en que se produjo el fraude.
Además, a partir del próximo año, los contribuyentes deberán presentar una declaración anual para informar del patrimonio que tengan en el extranjero. Hay que recordar que la legislación no impide tener una cuenta en Suiza o en la Isla de Man, siempre y cuando ese dinero no haya salido de España de forma ilegal. En cualquier caso, la obligación de informar supone una presión añadida para los contribuyentes, que podrán ser sancionados si no comunican esos datos.
Más allá de las medidas creadas ad hoc para incentivar que los contribuyentes se acojan a la amnistía fiscal, el Gobierno tambiíén prohibirá los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en operaciones donde participen empresarios o profesionales. El objetivo último, como suele señalar Montoro es que en "España se acabe el con IVA o sin IVA". Hacienda recuerda que para no perjudicar al turismo el límite de los 2.500 euros se ampliará a 15.000 cuando el pagador sea un no residente en España. La restricción tampoco afectará a los ingresos efectuados en una entidad de críédito.
La lucha contra el fraude en el IVA tambiíén explica que el Ejecutivo limite a partir del próximo año el ríégimen de módulos, el sistema por el que tributan buena parte de los autónomos. Estos contribuyentes pagan impuestos en función de variables objetivas como los metros cuadrados de sus negocios. Ello incentiva a que emitan facturas falsas a otros empresarios que tributan por el míétodo tradicional para que estos se deduzcan un IVA inexistente y eleven de forma ficticia sus gastos. Así, se prohibirá aplicar el ríégimen de módulos a los autónomos que facturen más del 50% de sus operaciones a otros empresarios.
Dificultades para la supervivencia empresarial
El Consejo General del Colegio de Economistas (CGCE) alertó ayer de que ciertas medidas incluidas en el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que hoy aprobará el Consejo de Ministros pueden poner en riesgo la supervivencia de empresas. Se refieren a las modificaciones legales que impedirán el aplazamiento del pago de impuestos de compañías inmersas en concurso de acreedores y a la posibilidad de aplicar "embargos preventivos".
Hacienda ha aprovechado el anteproyecto de ley para modificar la Ley General Tributaria y prohibir el aplazamiento de impuestos a las empresas concursadas. "No tiene sentido", defiende el presidente del CGCE, Valentí Pich. Sin embargo, Hacienda argumenta que la concesión de aplazamientos pierde su razón de ser cuando existen sospechas de que el pago no llegará a realizarse. "Se trata de evitar la postergación artificiosa del críédito público", indican. En este sentido, el hecho de que más del 90% de las empresas en concurso terminen desapareciendo ha provocado que el Gobierno tome esas precauciones. Sin embargo, para los economistas, la Administración debería ser la primera interesada en fomentar la supervivencia de las empresas y denuncian que la práctica desleal de unas compañías con Hacienda derivará en medidas que perjudican a todas.
Además, el Ejecutivo ampliará la competencia de la Administración para que pueda dictar "embargos preventivos", con ello se pretende evitar vaciamientos patrimoniales. Tambiíén, se permitirá que Hacienda embargue bienes más allá de la oficina o sucursal a la que se remitió la orden de embargo. Los economistas consideran que ello supone un exceso y dudan de la constitucionalidad de los embargos preventivos.
Las cifras
2.500 euros es el umbral a partir del cual Hacienda prohibirá el pago en efectivo cuando en la operación intervenga un empresario o profesional.
8.100 millones son los recursos que el Gobierno prevíé en los Presupuestos ingresar este año por la lucha contra el fraude.
