La trama presuntamente vinculada con el lavado de dinero a travíés del Grupo Financiero Monex en Míéxico, conocida como "Monexgate", relaciona a cinco empresas, un particular y una entidad financiera con veintisíéis años en activo.
Monex, una entidad financiera certificada como "socialmente responsable", cuenta con un banco, una casa de bolsa y una operadora de fondos a travíés de las cuales hace cambio y pagos internacionales en divisas, ofrece fondos de inversión, compraventa de acciones, y productos relacionados con fideicomisos, derivados, y críéditos varios, como los dedicados a la exportación e importación.
La entidad lleva varias semanas sometida a escrutinio público y a graves imputaciones por su presunta implicación en la emisión de tarjetas prepagadas supuestamente utilizadas para comprar voluntades durante la pasada elección presidencial ganada por Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista (PVEM).
Monex ha manifestado públicamente que "no participa en el financiamiento de partidos políticos" y señala que ha entregado al Instituto Federal Electoral (IFE) la información que se les ha requerido para aclarar las imputaciones.
Recuerda que el Grupo Financiero Monex y sus empresas "nunca han sido vinculadas ni responsabilizadas de participar en lavado de dinero".
La alianza de tres partidos izquierdistas que presentó a Andríés Manuel López Obrador como candidato presidencial en los comicios del 1 de julio considera que con Monex se ocultó la procedencia de recursos ilícitos, y ha pedido a las autoridades que investiguen este "entramado" de empresas y el origen de los fondos.
Monex está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por el Banco de Míéxico, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Mercado Mexicano de Derivados (Mexder) y la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles.
Con esa entidad financiera, según denuncias de la izquierda mexicana, hicieron operaciones tres empresas, comercializadora Atama, el Grupo Koleos y Grupo Tiguan, y un particular, Rodrigo Fernández Noriega, que habrían hecho depósitos por más de 100 millones de pesos (7,5 millones de dólares) de dudosa procedencia.
Estos fondos "provienen presumiblemente de ilícitos de carácter penal, presumiblemente de peculado, derivados del desvío de los presupuestos públicos estatales o de otros delitos vinculados al crimen organizado", de acuerdo con las denuncias de la alianza izquierdista.
El dinero depositado en Monex, según estas versiones, fue canalizado hacia otras dos empresas, las comercializadoras Inizzio y Efra, esta última con dos cíédulas fiscales, algo considerado ilegal por la izquierda.
Además, los partidarios de López Obrador señalan que hay prestanombres en algunas de estas empresas, como en el caso de Inizzio, en la que figura como accionista un sujeto, Juan í“scar Fragoso, que en 2009 dijo ser nada más obrero de la compañía, constituida en 2006.
Ambas compañías, según estas denuncias, contrataron con Monex la compra de 10.674 tarjetas prepagadas para clientes suyos, que el equipo legal de López Obrador considera que sirvió para comprar voluntades.
Además, la emisora local MVS denunció hoy que el domicilio fiscal de varias facturas emitidas por Efra coinciden con el Grupo Abogacía Profesional (GAP), ligado a abogados cercanos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Un miembro de este bufete, según MVS, es Gabino Fraga Peña, coordinador regional de compromisos de Peña Nieto, y el otro su padre, Gabino Fraga Mouret, quien fuera funcionario durante el sexenio del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988).
Para el PRI las acusaciones por lavado de dinero son infundadas y afirman que no hubo recursos de procedencia ilícita en la campaña de Peña Nieto, explicaron hoy sus responsables en rueda de prensa.
El coordinador de asuntos jurídicos del PRI, Jesús Murillo Karam, afirmó hoy que las tarjetas prepagadas fueron contratadas a travíés de una empresa intermediaria, se han usado para apoyar a casi 300.000 representantes en las mesas electorales, y que se pagaron con el gasto corriente del PRI.
