Por... Carmelo Ruiz Marrero
La compañía de biotecnología estadounidense Monsanto, la mayor empresa semillera del mundo, podría acabar teniendo que pagar $7.500 millones a cinco millones de sembradores de soya brasileños que están demandando la compañía por regalías.
Monsanto, una de las corporaciones más detestadas del mundo, se ha convertido en los ojos de muchos en el más fácilmente reconocible símbolo del control corporativo sobre los alimentos y la agricultura. Sus tácticas de mano dura para cobrarle regalías a agricultores por sus semillas patentadas han sido documentadas en las películas Food Inc, y El Mundo Según Monsanto.
A esta corporación, tan acostumbrada a demandar y amedrentar a agricultores, se le ha virado la tortilla en Brasil, donde ahora es demandada por agricultores.
Brasil es el segundo productor a nivel mundial de cultivos transgíénicos o geníéticamente modificados (GM), superado solamente por Estados Unidos. La vasta mayoría de esta área cultivada consiste de soya que ha sido alterada geníéticamente por Monsanto para resistir al herbicida Roundup, producto de la misma compañía.
Brasil exporta la mayor parte de su cosecha de soya a Europa y China para uso como biodiesel o como alimento para ganado. Se estima que el 85% de la soya brasileña es GM. No se sabe la proporción exacta porque la soya de Monsanto fue contrabandeada desde Argentina comenzando en 1998. En 2005 el presidente brasileño Lula, al verse frente a una situación de hechos consumados, legalizó la siembra de soya GM en el país.
Una vez legalizada su soya, Monsanto comenzó a cobrar a los cultivadores brasileños un impuesto de 2% por su producción de soya GM. La compañía tambiíén mercadea soya no GM y les requiere a los agricultores mantener ambas variedades estrictamente separadas. Si se encuentra soya transgíénica en un cargamento de soya que se supone que no sea GM, se le penaliza al agricultor con un cobro de 3%.
En 2009 un grupo de sindicatos rurales del estado brasileño de Rio Grande do Sul demandaron a Monsanto, acusando que la soya GM y no GM son prácticamente imposibles de separar y que por lo tanto el “impuesto Monsanto†es injusto.
Esta alegación contradice directamente uno de los principales puntos de propaganda de la industria de la biotecnología: que las semillas y plantas transgíénicas nunca aparecerán donde no se supone que estíén. Esta ocurrencia, conocida como contaminación geníética, es negada rotundamente por las compañías. Cuando esto ocurre, lo niegan, pero cuando la evidencia es demasiado contundente como para negarla, le restan importancia o le echan la culpa al agricultor.
“El problema es que segregar la soya GM y convencional es difícil, dado que la soya GM es altamente contaminanteâ€, declaró Joí£o Batista da Silveira, presidente del Sindicato Rural de Passo Fundo, uno de los principales demandantes en el caso.
El pasado mes de abril un juez de Rio Grande Do Sul determinó que los cobros de Monsanto son ilegales y notó que la patente de la semilla de soya GM de la compañía estaba expirada en el país. Le ordenó a la empresa a dejar de cobrar regalías y tambiíén a devolver todas las regalías cobradas desde 2004- estamos hablando de $2 mil millones.
Monsanto está apelando, pero recibió otro golpe el 12 de junio cuando el Tribunal Supremo de Brasil decidió unánimemente que lo que decida la judicatura de Rio Grande do Sul deberá aplicarse al país entero. Esto sube la suma en cuestión a $7.500 millones. Ahora los agricultores demandantes son cinco millones.
En un terso comunicado, Monsanto declaró que seguirá cobrándole regalías a los sembradores brasileños hasta que termine de resolverse el caso.
En 2008 la revista científica Chemical Research in Toxicology publicó un estudio por el científico francíés Gilles-Eric Seralini, especialista en biología molecular y profesor de la Universidad de Caen, que indica que el Roundup es letal para cíélulas humanas. Según su investigación, dosis mucho menores que las utilizadas en cultivos de soya provocan muerte celular en solo unas horas.
En 2010 la misma revista publicó un estudio revisado por los pares de la autoría del embriólogo argentino Andríés Carrasco, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tíécnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, que determina que el glifosato, ingrediente activo del Roundup, es extremadamente tóxico a embriones de anfibios aún en dosis hasta 1.540 veces menores que las utilizadas en las fumigaciones agrícolas.
