El enfrentamiento entre los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Industria, Josíé Manuel Soria, a cuenta de la reforma elíéctrica, escenificado ayer en una bronca pública entre ambos, ha llevado al sector a puentearlos y a dirigir sus presiones al director de la Oficina económica del presidente, ílvaro Nadal, con la esperanza de que influya en Mariano Rajoy. El presidente podría verse obligado a mediar en la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que se celebrará mañana jueves.
De momento, la táctica de las elíéctricas tampoco está teniendo sus frutos, puesto que Nadal se niega a atender sus argumentos, según fuentes conocedoras de la situación. Lo cual deja a los diferentes bandos dentro del sector sumidos en la incertidumbre sobre cuándo se resolverá por fin la reforma del mismo y quíé medidas incluirá, de las muchas que se barajan (y que perjudican o benefician en diferente medida a cada empresa). Montoro dijo ayer en una entrevista con la agencia Bloomberg que "hasta que yo lo decida, la reforma no va a salir adelante, lo diga quien lo diga", en referencia a Soria, y rechazó el cíéntimo verde y las tasas a las renovables. De hecho, el titular de Hacienda ya frenó en julio la reforma, que tampoco entrará en la agenda del Consejo de Ministros de este viernes.
Según las fuentes consultadas, esta estrategia de lobby ante Moncloa tiene como cabeza de puente, en el caso de las elíéctricas tradicionales, a Fernando Bíécker, director de recursos corporativos y mano derecha de Ignacio Sánchez Galán en Iberdrola. Este ejecutivo, que sonó como candidato a gobernador del Banco de España, fue compañero de colegio de Rajoy y consejero de Economía de Castilla y León bajo la presidencia de Josíé María Aznar, lo que le otorga ese ascendiente sobre el Gobierno que pretenden aprovechar las empresas.
Soria y Montoro están enfrentados porque el primero pretende crear una serie de figuras fiscales, como un impuesto a la generación de electricidad o el llamado "cíéntimo verde" al gas natural, para paliar el díéficit de tarifa del sistema elíéctrico: la diferencia entre los costes de generación y el precio regulado, que en teoría le deben los consumidores a las elíéctricas. El titular de Hacienda, en cambio, pretende que esas figuras fiscales incrementen los ingresos del Estado y sirvan para reducir el díéficit público hasta el famoso 6,3% del PIB que debe cumplir España este año. Objetivo ante el que el díéficit de tarifa pasa a segundo plano. Además, Montoro tiene a su favor que Bruselas prohíbe crear impuestos finalistas, sino que deben ingresarse en la caja común del Estado.
Rajoy tendrá que mediar
Antes de marcharse de vacaciones, Rajoy se refirió con desdíén a la reforma elíéctrica, como si no fuera una de las prioridades del Gobierno para el próximo curso. Una actitud que parece alinearle con las tesis de Montoro frente a las de Soria, lo cual explica que las presiones se dirijan hacia su asesor económico. Sin embargo, Nadal es un hombre de confianza de toda la vida del titular de Hacienda, con el que siempre ha trabajado muy estrechamente. Además, algunas de las fuentes consultadas aseguran que no perdona a las elíéctricas que se alinearan claramente con el PSOE bajo el Gobierno de Zapatero y ningunearan al PP en la oposición.
Las elíéctricas tradicionales mantienen una mala relación con Montoro desde su anterior etapa ministerial con Aznar, y siempre le han acusado de favorecer a las productoras renovables -en especial a la llamada "triple A", Acciona, ACS y Abengoa- a travíés de la asesoría Equipo Económico que fundó el propio titular de Hacienda (que vendió sus acciones en 2008) y en la que ahora participa su hermano. Según fuentes del PP, estas empresas ya presionaron al entorno de Rajoy cuando formó gobierno para tratar de evitar el nombramiento de Montoro como ministro de Economía. En cuanto a Soria, "el sector hace mucho que está convencido de que Industria es irrelevante en la reforma y que íésta será decidida en Hacienda o en Moncloa", según una fuente del sector.
Montoro y Soria coincidirán en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos mañana jueves. Esta comisión, encargada de tratar la agenda de asuntos económicos de los próximos meses, tendrá que ocuparse forzosamente de la reforma elíéctrica. Estará presidida por el propio Rajoy y asistirán tambiíén Luis de Guindos, Fátima Báñez, Miguel Arias Cañete, Ana Pastor y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El sector, a tortas por la reforma
El sector elíéctrico tambiíén está profundamente dividido ante la reforma, puesto que habrá ganadores y perdedores en función de las medidas que finalmente se adopten: los nuevos impuestos -que además podrían distinguir entre fuentes de generación-, un recorte a las primas o una mezcla de ambos. Por un lado están las elíéctricas tradicionales, que pretenden que se eliminen las subvenciones a las renovables y librarse de un impuesto a la generación que, además, grave especialmente energías como la hidráulica o la nuclear. Obviamente, las renovables pretenden todo lo contrario y que el impuesto a la generación sea más duro para sus competidoras por la capacidad de íéstas para trasladarlo a los consumidores.
Además, dentro de cada bando hay lobbies más pequeños. En lo que sí coinciden todos es en que este retraso -la reforma estaba prevista para junio- no hace sino alargar la incertidumbre y perjudicar su rating y su cotización en bolsa. Para terminarlo de complicar, están las presiones internacionales: por un lado, Estados Unidos, que pretende salvaguardar las fuertes inversiones realizadas por los fondos norteamericanos en renovables españolas, alegando que anular las primas de forma retroactiva viola la seguridad jurídica; por otro, Italia, donde el primer ministro Mario Monti ha intercedido ante Rajoy para proteger los intereses de Endesa, controlada por Enel; y finalmente, Bruselas, que pretende que España mantenga el impulso a las renovables pero, al mismo tiempo, exige el cumplimiento estricto de los objetivos de díéficit público.
El PP inventó el díéficit de tarifa en el año 2001 para evitarse el coste político de tener que subir la luz. Al PSOE no le disgustó la brillante fórmula. La electricidad no se paga a su precio, sino a un coste regulado. La diferencia se les reconoce a las elíéctricas, que la contabilizan en sus balances y cobran de forma diferida en el propio recibo. Toda una hipoteca creciente que, al final del día, hubo que empezar a titulizar con aval de Estado. Más de una díécada despuíés, el agujero asciende a 24.000 millones y este año podría dispararse por encima de los 30.000. La clave está en lograr de una vez por todas el equilibro entre ingresos y costes del sistema. Con el problema añadido de que estos últimos se han disparado por las primas a las energías renovables.
