â– Sólo algo más de un centenar se han acogido en espera de más garantías
â– Los recursos judiciales presentados por el PSOE han generado miedo
La amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Rajoy peligra por la reticencia de los contribuyentes a acogerse al procedimiento como consecuencia de la inseguridad generada por los recursos presentados por el PSOE ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional y por el miedo de los defraudadores ante las dudas que les crea la regulación actual del propio procedimiento regulatorio.
Luisa López, directora de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) asegura que "en los despachos no se dice a los contribuyentes que no se acuda, sino que se esperen a que se aclaren los recursos y a que haya más seguridad".
En Hacienda, no hay cifras oficiales, aunque fuentes oficiosas reconocen que a lo largo del mes de agosto ha existido "un goteo" de nuevos contribuyentes, sobre el centenar que lo había hecho al concluir el mes de julio.
El miedo a la anulación
Tanto diversas fuentes de la Inspección como de los despachos de asesores fiscales coinciden al señalar que mucho más preocupante es la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda, una vez concluido el proceso, declarar inconstitucional la amnistía fiscal, lo que dejaría en una situación muy difícil a quienes hayan regularizado.
Por eso, los diversos colectivos de asesores fiscales presionan a la Agencia Tributaria para que emita un nuevo informe en la que se aclaren aspectos que no quedaron claros con la emitida por la Dirección General de Tributos en el pasado mes de junio, como el tratamiento del dinero en efectivo o la disolución de las sociedades patrimoniales que exige la normativa del procedimiento sin más explicaciones.
Más allá van los asesores fiscales, que han solicitado que estos informes reciban el carácter de consultas vinculantes para evitar que los inspectores puedan realizar interpretaciones menos amplias de las explicaciones de Tributos.
Para Luisa López "el tono del informe de Tributos era bueno, quedaba claro que la intención de Hacienda no es perseguir posteriormente a quienes se acojan a la regularización fiscal , pero luego llegaron las interpretaciones de algunos inspectores y esto creó mucha inseguridad en los despachos de asesores fiscales y entre los contribuyentes que estudiaban acogerse al procedimiento. Por eso, si el Gobierno quiere que esto marche... que díé seguridad jurídica y los interesados irán acogiíéndose".
El dinero en efectivo
El asunto de la regulación del dinero en efectivo es uno de los que mayor debate ha generado, puesto que algunos inspectores de Hacienda han reconocido públicamente que va a existir un problema a la hora de admitir el certificado bancario para probar que el dinero estaba ya prescrito y no tiene que tributar o que no ha sido percibido en 2001 o 2012, lo que impediría acogerlo a la regularización.
Si bien cuando se trate de entidades bancarias que cuenten con un convenio de intercambio de información la documentación que deberá aportar el contribuyente será potencialmente contrastable, será mucho más difícil cuando se trate de bancos que carezcan de estos convenios. Estas declaraciones de los funcionarios han generado mucho miedo entre los defraudadores con deseos de acogerse a la amnistía y entre sus asesores fiscales.
Otro asunto políémico es el del delito fiscal . Los asesores quieren que se asegure a sus clientes que no se seguirá la vía penal una vez que regularicen la administrativa. La norma sobre la amnistía exonera del delito fiscal siempre que se cumplan las condiciones de las normas reguladoras, es decir, siempre que exista una declaración veraz y completa, pagando la cuota bien por vía complementaria o por declaración tributaria especial.
El Tribunal Supremo viene exigiendo que se verifique que la declaración complementaria es "completa, veraz, total y se tiene que pagar", y si no es así, de acuerdo con el derecho vigente, no existiría exoneración penal.
Los más desconfiados quieren que se asegure el cierre de esta vía e incluso, que se incluya una salvedad en el Proyecto de Ley de modificación de la normativa para intensificarla prevención y lucha contra el fraude, que se encuentra en tramitación parlamentaria.
En este aspecto, las declaraciones realizadas por los posibles contribuyentes por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2011, que deberían haberse realizado en la Campaña de mayo y junio, se han aplazado.
Los posibles aspirantes a la regularización han decidido realizar, llegado el caso, una declaración complementaria, a última hora, en prevención de que se les pudiese abrir un procedimiento fiscal previo a la regularización
