Tan sólo 50 millones de euros ha recaudado la Agencia Tributaria de los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal desde abril hasta finales de julio, según consta en el Informe Mensual de Recaudación Tributaria del Estado de este último mes, lo que supone un 2 por ciento sobre los 2.500 millones que prevíé recaudar el Gobierno. Niño Becerra: "La amnistía fiscal ha sido un fracaso, tan sólo han regresado cuatro duros".
Para Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), "el problema es que los contribuyentes están nerviosos con el recurso presentado por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, ya que si finalmente se declarase inconstitucional, quedarían en una situación muy precaria ante Hacienda".
Suspensión cautelar
Otra ríémora, aunque en este caso menor, es el recurso presentado por el PSOE y admitido a trámite ante la Audiencia Nacional. En íél se argumenta que la regulación del procedimiento incumple la arquitectura legislativa, puesto que las disposiciones se regulan por debajo de normas legales aunque modifican mandatos establecidos por ellas.
En la Agencia Tributaria, según han confirmado diversas fuentes, consideran que si la Audiencia Nacional fallase antes de concluir el proceso de regularización especial se podría incluir esta normativa en algún proyecto de ley de los que están ya en tramitación en el Senado, lo que acabaría con el problema, o simplemente se incluiría en un Real Decreto-Ley, que posteriormente se tramitase como ley.
Por ello, no ha extrañado nada que ayer el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, anunciase en Logroño que su partido presentará "en las próximas horas" un recurso para pedir la paralización cautelar de la "amnistía fiscal" aprobada por el Gobierno de España.
Sin embargo, para Luisa López, directora de la Asociación de Asesores Fiscales (Aedaf), es necesario que los informes aclaratorios de Hacienda reciban el carácter de consultas vinculantes para evitar que los inspectores puedan realizar interpretaciones menos amplias de las explicaciones de Tributos. "El tono del informe de Tributos era bueno, quedaba claro que la intención de Hacienda no es perseguir posteriormente a quienes se acojan a la regularización fiscal, pero luego llegaron las interpretaciones de algunos inspectores y esto creó mucha inseguridad en los despachos de asesores fiscales y entre los contribuyentes que estudiaban acogerse al procedimiento. Por eso, si el Gobierno quiere que esto marche... que díé seguridad jurídica y los interesados irán acogiíéndose", concluye Luisa López.
Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, por su parte, cree que el problema es que "se hizo un diseño timorato, que podría haber sido más amplio, ya que el diseño de la misma se complica mucho".
Indica tambiíén que para los contribuyentes que viven en España no resulta tan rentable, ya que tienen que regularizar otros impuestos y eso hace que piensen que se encarece mucho el proceso. Además, piensa que los plazos que se han ofrecido son excesivamente largos y cree que hubiera sido mejor hacerlo coincidir con las campañas de declaraciones de medidados de año, lo que hubiese animado mucho a los contribuyentes a sumarse al procedimiento de regularización. "Sin embargo, las decisiones se van a tomar, con toda seguridad, en los meses de octubre o noviembre.
En esta misma línea se ha manifestado Miguel íngel Vilchez, secretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos, al señalar que "íésta es una buena medida, que será sin duda aprovechada por los contribuyentes para ponerse al día, pero no se puede olvidar que estamos en un país donde las cosas se dejan siempre para el último día del plazo".
Una muestra de la progresividad de los contribuyentes que han incumplido sus deberes con Hacienda es que de los 50 millones recaudados, casi 32 millones (31,967) se apuntaron en el mes de julio. Vilchez considera tambiíén, que no va a ser un íéxito arrollador, porque, aunque se piensa que hay mucho dinero negro, con la crisis mucho se ha perdido y otros aún no ven la amenaza de que se descubra su dinero en el extranjero, a pesar del agobio a que los países de la OCDE están sometiendo a los paraísos fiscales para que incrementen su grado de información.
La nota discordante la pone Juan Josíé de Los Mozos, presidente de Asefiget, que afirma que la amnistía fiscal supone un grave trato de desigualdad entre las personas que han tributado lícitamente y quienes no lo han hecho. Por eso, afirma que "hay que detener esta medida y buscar un sistema tributario justo en el que se díé predominancia a las personas que arriesgan su capital levantando una empresa".
