â– La desviación fiscal aboca a España a pedir ayuda a sus socios europeos
â– El díéficit de 2012 podría alcanzar el 8% del PIB, frente al 6,3% previsto
La creciente desviación fiscal y la presión de empresas y agencias de riesgo dejan a España con apenas posibilidades de evitar la solicitud de ayuda europea, a pesar del mensaje oficial de que no hay prisa para tomar una decisión.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insiste en que el Ejecutivo está estudiando las condiciones que conlleva el plan del BCE antes de decidir si pide apoyo al fondo de rescate de la Eurozona. En una entrevista televisiva el lunes, señaló que aún no se ha tomado una decisión al respecto.
Ahora bien, ¿tiene margen el Gobierno para atrasar su decisión? Si se suman la desviación presupuestaria, el aumento del coste de las ayudas sociales debido a la recesión y el exceso de gasto de las comunidades autónomas, el Gobierno necesita captar para lo que queda de año entre 30.000 millones y 45.000 millones de euros, en lugar de los 20.000 millones previstos inicialmente.
El Tesoro ha emitido este año 66.000 millones de euros, un 76,8% del plan inicial de financiación a medio y largo plazo (86.0000 millones de euros) en 2012.
El riesgo de que los problemas de regiones y bancos se extiendan al Estado se encuentra en el núcleo de las preocupaciones de los inversores. Además, la presión del mercado podría resultar rápidamente insostenible, obligando a Madrid a acelerar la petición de ayuda. El Tesoro tiene poca flexibilidad y debe refinanciar 27.500 millones de euros de deuda que vencen en octubre.
La opinión de las calificadoras
Se espera que la agencia Moody's, cuya calificación crediticia para España está sólo un escalón por encima del bono basura, publique su próxima revisión a finales de septiembre. Moody's y Standard & Poor's dijeron el mes pasado que la petición de rescate sería favorable para los ratings del país, una clara señal de que recortarían la calificación de no realizarse la solicitud.
Directivos de grandes firmas, conscientes de que la rebaja a categoría de bono basura traería aún más recortes de rating para unas grandes empresas que ya encuentran dificultades para reducir sus abultadas deudas, están presionando al Gobierno para que se decida a pedir el rescate.
"(Una rebaja de rating) sería devastadora para las empresas y quizá íésa sea la preocupación ahora mismo para el Gobierno", señala un alto cargo español, que habló bajo la condición de anonimato.
Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE, dijo la semana pasada que el tiempo se estaba acabando, aunque algunos ejecutivos de grandes multinacionales españolas temen el estigma de una petición de ayuda.
El Tesoro ha visto cómo se reducía su colchón de liquidez desde los 40.000 millones de euros de mayo hasta los 23.000 millones en julio, según datos del Banco de España.
Analistas de Banesto creen que este dato se redujo en agosto hasta alcanzar la preocupante cifra de 12.000 millones de euros, en consonancia con las estimaciones de otro analista, Nick Kotsonis, que lo sitúa en 13.000 millones.
"Creo que se puede dar por sentado que España pedirá la ayuda. No captaron suficiente capital en los mercados en agosto y de hecho diría que ni siquiera están intentando evitar la ayuda en estos momentos", dijo Kotsonis, analista de renta fija de Ohio Public Employees Retirement System. Banesto dijo que la petición de España sólo es "cuestión de tiempo".
Desfase presupuestario
Quizá incluso más preocupante es el desfase presupuestario en el que probablemente incurrirá el país, pese a los 14.000 millones de euros de nuevos recortes del gasto y las subidas de impuestos para 2012 anunciados en julio.
La subida del IPC por encima de lo esperado costará otros 4.000 millones de euros cuando se ajusten las pensiones a la inflación, un cálculo que se realiza en noviembre. El gasto destinado a las prestaciones por desempleo se ha incrementado un 5%, cuando el Gobierno preveía que, en lugar de incrementarse, cayera en un 5%, lo que crea otro agujero presupuestario de 3.000 millones de euros.
La amnistía fiscal, que tenía como objetivo recaudar 2.500 millones de euros hasta noviembre, sólo había atraído 50 millones a finales de julio, según las cifras oficiales.
El desfase podría ampliarse, ya que es probable que se materialicen más desvíos -1.000 millones de euros por cada punto porcentual extra en el díéficit- despuíés de que España anunciara un díéficit del Estado del 4,6% del PIB en entre enero y julio, ya por encima del 4,5% marcado como objetivo para todo el año.
El Ejecutivo dice que el díéficit de la administración central caerá en los próximos meses, volviendo a situarse en línea para cumplir el objetivo, ya que la cifra toma en cuenta los anticipos en las transferencias a las endeudadas comunidades autónomas, que son tambiíén una de las principales fuentes de preocupación para los mercados financieros puesto que aún no está claro cómo se comportarán fiscalmente este año.
Josíé Ignacio Conde-Ruiz, economista y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), considera que el díéficit del 1,5% del PIB para el conjunto de las regiones es demasiado ambicioso y que alcanzará un 2,2% en su escenario más optimista.
Programa de financiación
Fuentes cercanas al Gobierno dijo que el díéficit público total podría alcanzar el 8% del PIB, lo que crearía un desfase adicional de aproximadamente 15.000 millones de euros.
Sumando todos los elementos de las necesidades de financiación, la cifra final en emisiones a medio y largo plazo que tendrían que colocarse hasta finales de año alcanzaría los 30.000 millones de euros -o 45.000 millones de euros si el díéficit alcanza el 8%- frente a los 20.000 millones bajo el programa actual.
Una portavoz del Ministerio de Economía dijo que el Tesoro se atendría a su programa de financiación, lo que permitirá a España alcanzar sus obligaciones financieras hasta final de año.
"En julio se han tomado nuevas medidas y creemos que no hay necesidad de alterar nuestro programa para alcanzar nuestras obligaciones", dijo la portavoz.
España podría emitir más títulos de vencimientos cortos para aprovechar la mejora en las condiciones de financiación despuíés de que el BCE anunciase un plan de compra de bonos soberanos la semana pasada, aunque su calendario de emisiones con vencimientos a corto plazo parece estar ya bastante concurrido, con 35.000 millones de euros aún por colocar en 2012.
Este íénfasis por la deuda a corto plazo podría suponer un problema en un futuro ya de por sí desafiante en los próximos años: en 2013 vencen 122.000 millones de deuda, 83.000 millones de euros en 2014 y 70.000 millones de euros en 2015, bastante por encima de los 57.000 millones de euros que España ha afrontado en 2012.
