La recaudación derivada de las nuevas medidas fiscales al sector elíéctrico y el gas, que el Gobierno cifra en 2.900 millones, se destinarán a fomentar las energías renovables y políticas de eficiencia energíética. Así lo establece el texto legal aprobado por el Consejo de Ministros el viernes.
El borrador del anteproyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energíética, que el Consejo de Ministros aprobó el viernes para su remisión al Parlamento, establece que la recaudación de los tributos incluidos en dicha ley "se destinarán a financiar determinados costes del sistema elíéctrico vinculados a fines de fomento de las energías renovables las primas que pagan los consumidores en la tarifa de acceso y de ahorro y eficiencia energíética". El borrador, al que ha tenido acceso CincoDías, incluye la creación de tres nuevos impuestos especiales; un canon hidráulico; la modificación de los tipos impositivos del gas y el carbón y la eliminación de ciertas exenciones al gasóleo y fuel para producir electricidad.
Por tanto, a partir de la entrada en vigor de la ley, prevista para el 1 de enero de 2013 y una vez que supere el trámite parlamentario, la retribución de las actividades reguladas (distribución y transporte) y el resto de costes del sistema elíéctrico (como primas de las renovables, que superan los 7.000 millones, o las partidas anuales de los díéficit pasados) serán satisfechos no solo con la tarifa de acceso, sino con "las partidas provenientes de los Presupuestos del Estado y del Tesoro público". Estas partidas se corresponderán "con la recaudación" de las nuevas figuras impositivas.
En la rueda de prensa del viernes, el titular de Industria, Josíé Manuel Soria, no informó sobre el destino concreto de una recaudación, que cifró, sin más explicación, en más de 2.900 millones. Soria se limitó a subrayar que el objetivo último es acabar con el díéficit de tarifa.
El más claro de los impuestos que figuran en el texto legal, que, según fuentes del sector, podría sufrir modificaciones antes de llegar al Congreso, es el que grava el valor de la producción de todo tipo de energía elíéctrica con un 6% fijo y directo. El hecho imponible será la producción y ofertas en el mercado elíéctrico para cualquier modalidad de contratación. Por su parte, la base imponible será el "importe" que perciba el contribuyente (productora), que deberá autoliquidar el impuesto en los primeros 20 primeros días naturales de diciembre y efectuar pagos fraccionados en los primeros días de cada trimestre.
El lío nuclear
El Gobierno ha generado una gran confusión respecto a los dos impuestos especiales nucleares, que gravan la producción del combustible gastado y residuos radiactivos y su almacenamiento, respectivamente. Aunque en su exposición de motivos el anteproyecto de ley señala que uno de los ejes de esta reforma tributaria es la "internalización de los costes medioambientales" derivados de la producción nuclear, lo cierto es que el primer impuesto no será internalizado por las empresas, pues, como el resto de tributos, será repercutible en el precio final.
Las elíéctricas ya asumen desde hace años, mediante una tasa, el coste de la gestión de los residuos y el desmantelamiento de las centrales, de los que se ocupa Enresa. Con el nuevo impuesto pagarán, además, 2.190 euros por kilo de metal pesado y entre 6.000 y 1.000 euros/metro3 en las de baja-media o muy baja actividad, respectivamente.
En cuanto al segundo tributo nuclear, irá para largo, pues la norma se refiere al almacenamiento "centralizado" de residuos, esto es, a los que se guarden en el futuro Almacíén Temporal Centralizado (ATC) de residuos, un proyecto aún en pañales.
Sobre la eliminación de la prima imputable a la parte de la termosolar que utilice gas, Industria debe publicar una nueva metodología. El sector calcula que se le restará entre un 12% y un 15% de las primas que reciben (2.000 millones) y discrepan de la cifra aportada por Soria, de entre 40 y 50 millones de euros.
La industria paga
La asociación de empresas cogeneradoras (Acogen) calificó ayer de "devastadoras" las medidas para este sector y, en consecuencia, el resto de la industria que utiliza gas en su actividad. Estas medidas son contrarias al plan de competitividad industrial anunciado por el Gobierno, denuncia Acogen.
