Por... Víctor Pavón
La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto de ley “de inserción al empleo juvenilâ€. Se pretende que las empresas privadas contraten obligatoriamente a cierto sector de la población. Este proyecto que ahora pasa a la Cámara de Senadores para su estudio, dice “establecer normas para fomentar la formación, capacitación e inserción al empleo por medio de diferentes modalidades†y afecta a jóvenes de entre 18 y 29 años.
Más allá de la expresión “modalidad de inserción laboral†que resulta sumamente difícil de comprender por las amplias connotaciones que de por sí implica, el mencionado documento legislativo se constituye en una muestra de cómo las leyes provocan efectos perjudiciales en la sociedad. Estos efectos se desarrollan por medio de costos que, además de violar la Constitución y normativas del derecho civil, tambiíén involucran a la misma economía.
Antes de ir a algunos enunciados que aparecen en el proyecto, se puede notar que aún persiste fuertemente la idea de que la ley es de por sí misma capaz de modelar la realidad de acuerdo a los deseos de sus proyectistas. Esta tendencia enraizada en la mente de muchos legisladores, infelizmente, sigue provocando errores en la elaboración de muchas leyes.
Al respecto, sería interesante no olvidarnos de los importantes aportes del abogado Ronald Coase que ganó en el año 1991 el Premio Nobel de Economía. Coase, profesor emíérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, estudió e investigó detenidamente de quíé manera las leyes tienen un costo económico, exactamente como se da en el Paraguay. Aquí las leyes han provocado a lo largo de díécadas un alto costo que afecta, por ejemplo, la aguda escasez de capitales y desempleo en el sector campesino.
Ahora, con este proyecto de "inserción laboral" aprobado en la Cámara de Diputados, se pretende que los jóvenes logren un puesto de trabajo mediante la inclusión en sus artículos de ciertas obligaciones a las empresas privadas. Concretamente, el proyecto dice: “La presente ley obliga a las empresas a contratar cada año un mínimo de jóvenes en un número equivalente al 5 por ciento del total de sus trabajadores. En caso de que exista más de un joven contratado, el 50 por ciento delos mismos deberán ser mujeresâ€. El proyecto sigue diciendo: “El número obligatorio se determinará en razón de un joven contratado bajo esta ley por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez o superior que no exceda de veinteâ€.
Como se notará, el Estado por medio de su poder coercitivo se convierte en el verdadero "seleccionador" de recursos humanos que ingresarán a las empresas, diciendo que son un determinado sector de la población discriminado por edad y sexo los que deberán ser tomados en cuenta en desmedro de otros miembros de la sociedad. El proyecto no termina ahí. Por supuesto, y para probar que el Estado solo busca favorecer a este sector, en el texto del proyecto de ley se agrega que la “Autoridad Administrativa del Trabajo implementará un sello de responsabilidad social a las empresas que utilicen las modalidades contempladas en la presente ley†y que, además, “el Vice Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comunicará periódicamente a la sociedad la lista de empresas que en mayor cantidad y mejores condiciones facilitan la inserción laboral juvenilâ€.
A partir de la promulgación de esta ley las empresas estarán obligadas a contar en su plantilla de trabajadores con la cantidad expresada en la legislación. Es decir, ya no serán los dueños ni los gerentes administradores los que elijan a quiíénes contratar, sino que el puesto laboral dependerá en gran manera del grupo etario y de gíénero, lo que supone un privilegio por exclusión que atenta contra el principio de igualdad, de dedicación a una actividad lícita y de la libre concurrencia, todos ellos garantizados en nuestra Constitución y que el proyecto pretende derogar.
Muchas son las situaciones que pueden darse con la implementación de esta ley. Solo a modo de ejemplo, se puede llegar al caso que una empresa con el objetivo de cumplir con esta ley se encontrará en la situación de despedir a otros trabajadores que no están comprendidos entre los 18 y 29 años que la ley considera como jóvenes. Por tratar de cumplir con esta ley, las empresas se verán en la difícil situación de tener que despedir probablemente a uno o a varios de sus empleados que no tienen la "protección" que la ley otorga a ciertas personas que ingresan en la modalidad de jóvenes.
¿Creen los diputados que aprobaron este proyecto de ley que los puestos laborales en el sector privado tienen la misma lógica que en el Estado? Todo parece indicar que para los legisladores la contratación laboral es una cuestión de cantidad y no de calidad. Los diputados no entienden que en el sector privado, los empresarios compiten diariamente por beneficiar a los consumidores, siendo la batalla de los costos y el retorno de ganancias dependiente de los bienes y servicios que se ofrecen en alta calidad y a precios atractivos. Si no se consideran estos requisitos, serán los mismos consumidores los que irán dejando de lado a aquellas empresas que no tienen la confianza del público.
El personal contratado en las empresas privadas, por ende, se constituye en un valor altamente estratíégico que les permite precisamente posicionarse en el mercado o ser desplazado del mismo. Así como los salarios de los trabajadores dependen de la productividad, tambiíén la contratación se encuentra supeditada a la misma, a lo que se agregan la confianza y la lealtad manifestada en la buena conducta y honestidad por parte de los contratados. En el mundo real la riqueza los puestos laborales no son el resultado del poder o de una legislación. Es el resultado del ingenio y del esfuerzo de alguien o de algunos dispuestos a arriesgar sus capitales. Los diputados que aprobaron su ley solo saben que la política consigue crear trabajo para sus clientelas a cambio de poder y votos.
La lógica de la contratación en el Estado es muy diferente al que se utiliza en el sector privado. Pero los diputados no lo tomaron en cuenta. Acostumbrados, por lo visto, a aquella lógica del sector público paraguayo que contrata no por la calidad sino por la cantidad y con la intención de congraciarse con la juventud, ahora, pretenden trasladar aquella forma de conducta a las empresas. Un grave error por donde se lo mire.
La contratación del personal en la actividad empresarial privada no está supeditada al cumplimiento de una coerción que la ley impone. Las leyes tambiíén generan un alto costo para la sociedad y más aún cuando no se toman en cuenta que los contratos entre personas y empresas, agrupaciones o asociaciones son matera de consentimiento, no de fuerza.
