El Tesoro Público encara una agitada recta final de año, en la que las necesidades de financiación fresca -unos 15.000 millones en deuda a medio y largo plazo- se conjugarán con unos vencimientos multimillonarios: 43.180 millones de euros entre octubre, noviembre y diciembre, un 28% de las amortizaciones totales del ejercicio.
Las subastas del Tesoro se han convertido desde hace meses en el principal termómetro de la confianza que inspira (o dejar de inspirar) la deuda soberana española y, por tanto, de la trayectoria de la percepción del riesgo país. Pese al efecto analgíésico provocado por los planes de compra ilimitada de deuda por parte del BCE, en el dique seco en espera de que España se decida a activarlos, los costes de financiación del Estado sigue siendo muy poco razonables e insostenibles a largo plazo: la rentabilidad del bono a diez años se situó ayer en el 5,81% y la prima en los 436 puntos básicos. En este escenario de desconfianza anestesiada pero palpable, el Tesoro acude hoy al mercado con el propósito de captar hasta 4.000 millones de euros en bonos a dos, tres y cinco años. Lo hace en un momento de indefinición y volatilidad (la presión para que España pida el rescate es cada vez mayor), de fuga continuada de la inversión extranjera (los inversores foráneos han retirado más de 89.000 millones de la deuda pública española entre enero y agosto), y con el antecedente poco propicio de la última subasta de letras, en la que los costes repuntaron y la demanda se mostró algo menos rotunda que en emisiones precedentes. El mayor test, en octubre Pero el verdadero reto para el Tesoro es que, amíén de sus necesidades de dinero fresco, tiene que hacer frente en este trimestre a unos vencimientos superiores a los 43.000 millones de euros (22.957 millones en letras y 20.226 millones en bonos), cifra que representa un 28% de las amortizaciones previstas para el conjunto del ejercicio. El mayor test tendrá lugar este mismo mes, en el que los vencimientos superan los 29.100 millones de euros (20.226 millones en bonos y 8.891 millones en letras), prácticamente una quinta parte de las amortizaciones totales del año. Una burbuja que no para de crecer La deuda del Estado en circulación ha crecido exponencialmente durante los años de la crisis, al pasar de poco más de 307.000 millones de euros en 2007 a los más de 628.000 millones con que se preveía inicialmente finalizar este año. Es decir, la burbuja de la deuda pública española (incluyendo la de autonomías y ayuntamientos) se ha multiplicado por más de dos en apenas cinco años, pasando de representar el 36,3% del PIB en 2007 a más del 85% en 2012, porcentaje que se disparará por encima 90% en 2013. Con todo, el principal problema de España no es la ratio de deuda/PIB, aunque es innegable que se ha desbocado (de hecho, aun con el incremento previsto para el año que viene, no se alejará demasiado de la media europea, que en la actualidad supera el 88% en la zona euro), sino el progresivo incremento de sus costes financieros (más de 38.500 millones de euros en 2013 sólo en intereses) y las dudas sobre su capacidad para retornar a la senda del crecimiento y poder afrontar así la devolución de sus multimillonarios compromisos. Una estrategia difícil de sostener Es verdad que España ha conseguido contener el coste medio de la deuda del Estado reduciendo su duración (emite y coloca a plazos cada vez más reducidos), pero es una estrategia difícil de sostener a largo plazo, ya que obliga a un esfuerzo continuado de refinanciación, que aun así exige el pago de unos intereses elevados (el cupón medio abonado ronda el 4,3%) y que refleja la feroz desconfianza que el mercado profesa a la deuda pública española. Todo ello además en un escenario en el que, salvo excepciones, la financiación al sector privado no financiero (la banca tiene la suerte de poder recurrir al BCE) sigue cerrada a cal y canto. El Estado aún podría aguantar durante semanas (o meses) su precaria situación e intentar postergar la petición de rescate, pero ¿hasta cuándo y a quíé precio? Porque no hay que olvidar que el sector privado sigue consumiíéndose tanto por la debilidad de la demanda como por la recalcitrante falta de financiación.
