El oscuro y creciente recibo de la luz español
Reuters
Los ciudadanos contemplan atónitos como un mes tras otro su factura no deja de subir, con alzas de impuestos como el IVA o refacturaciones forzadas por el Supremo que neutralizan cualquier esfuerzo domíéstico para ahorrar energía.
"Los consumidores que pagan el recibo de la luz todos los meses no saben absolutamente nada de por quíé se les sube la tarifa una y otra vez", explica la Asociación General de Consumidores (ASGECO).
En el recibo elíéctrico, que ha sufrido un ascenso meteórico en la última díécada, se vuelcan costes de difícil explicación, impuestos solapados y un proceso de formación de precios marcado por la opacidad que está en el punto de mira de Gobierno y reguladores.
El ministro de Industria, Josíé Manuel Soria, anunció en septiembre una batería de medidas fiscales cuyo principal objetivo es que el díéficit de la tarifa elíéctrica -provocado por el desfase entre los costes y los ingresos del sistema- deje de existir en 2013, pero en opinión de expertos e instituciones hay grandes probabilidades de que estas medidas terminen repercutiíéndose en la factura que pagan unos consumidores acorralados por la crisis.
Los ciudadanos se han convertido en deudores pasivos de un multimillonario díéficit de tarifa (24.000 millones) acrecentado por sucesivas y erráticas políticas en materia energíética y hasta ahora han asumido buena parte de esta deuda reconocida por ley con las grandes compañías elíéctricas mientras luchan contra la recesión económica, la austeridad y el paro.
Más de veinte millones de hogares españoles se acogen a la denominada tarifa de último recurso (TUR), que se calcula basándose en dos componentes principales, uno regulado -que son los llamados peajes y que fija el Ministerio de Industria- y otro liberalizado, condicionado al resultado de las subastas trimestrales CESUR de las comercializadoras elíéctricas.
Tradicionalmente, los Gobiernos han practicado el equilibrismo con esta ecuación para amortiguar en lo posible la factura elíéctrica final a costa de engordar el díéficit hasta niveles insostenibles.
La abundancia y complejidad de los costes, algunos ajenos al propio sistema elíéctrico, la continuada caída de la demanda y la oscuridad en los precios de generación son sólo algunos de los escollos a salvar.
Con todo, parece bastante probable que, la factura de la electricidad siga agujereando los bolsillos de los españoles -que ya pagan más por la luz que la media europea- con la segunda pata de la reforma, que apunta como ya ha avanzado el ministro Soria a una mayor liberalización de la TUR (peajes y subastas).
LOS PEAJES
Representan aproximadamente la mitad del recibo y se han convertido en una suerte de cajón de sastre al que han ido a parar infinidad de conceptos, algunos de ellos considerados como artificiales por observadores del mercado.
En 2011, el conjunto de costes regulados del sistema elíéctrico ascendió a 18.000 millones de euros, lo que equivale al 1,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español.
Los costes de distribución y transporte elíéctrico representan cerca del 40 por ciento del total, mientras que el 60 por ciento restante está integrado por componentes variopintos, entre los que destacan por su cuantía (cerca del 40 por ciento de los peajes) las primas a las renovables, con una previsión para este año superior a los 7.000 millones de euros.
Dentro del segundo bloque tambiíén figuran las "ecotasas" que cobran las comunidades autónomas, las ayudas al carbón, los costes extrapeninsulares (unos 2.000 millones de euros), el bono social o la gestión y almacenamiento de residuos nucleares.
Además, hay una serie de retribuciones a empresas, como los pagos por capacidad -que reciben las centrales tíérmicas por estar listas para entrar en funcionamiento en momentos de mayor demanda- o los pagos por interrumpibilidad (unos 500 millones), que cobran los grandes consumidores por dejar de recibir suministro en momentos de alta demanda.
Sobre estos últimos, el propio ministro de Industria aboga por seguir recortándolos despuíés de que en los últimos tres años el Estado haya abonado 1.285 millones por un concepto, la interrumpibilidad, que no se produce desde 2007 en un contexto de menor demanda elíéctrica por la coyuntura económica.
Otra partida importante es la gestión de residuos nucleares, que tendrán que seguir depositándose fuera de España mientras se construye el primer almacíén español en Castilla-La Mancha. Tambiíén relacionadas con la energía nuclear se encuentran las compensaciones que aún reciben los proyectos nucleares paralizados en la díécada de los 90 (64 millones en 2011).
LA SUBASTA
Tras la nomenclatura Contratos de Energía para el Suministro de íœltimo Recurso (CESUR) se encuentra la subasta trimestral, que determina los precios mayoristas de la generación elíéctrica o precios del "pool" según la jerga del sector, y configura la mitad del recibo de la luz. En ella participan productoras y comercializadoras elíéctricas y los precios casan según un míétodo marginalista.
En un extenso informe sobre el díéficit de tarifa español publicado este año, analistas del broker australiano Macquarie señalaron que los precios del "pool" se fijan casi siempre por los ciclos combinados, plantas que generan electricidad a partir del gas, combustible cuyo precio está a su vez referenciado al del petróleo.
Este sistema marginal, basado en predicciones de precios en lugar de precios reales provoca -además de efectos inflacionistas por la evolución reciente del petróleo- que energías con costes de generación más bajos, como la hidroelíéctrica o la nuclear, concedan mayores márgenes de beneficio a las generadoras.
La subasta concentra quejas de algunos expertos y grupos de consumidores, que la consideran un oligopolio de un puñado de empresas que desvirtúan el verdadero coste de la electricidad y es objeto de investigación por la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que parecen no haber encontrado anomalías.
En una reciente conversación telefónica con Reuters, Rubíén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua calificó de "fraudulenta" la subasta. "Se trata de una subasta en la que pujan todos los míétodos de producción de electricidad y el más caro es el que determina la subasta final", dijo.
"Y nosotros partimos de que el precio está decidido de antemano por las principales generadoras", apostilló.
UNA SUBIDA IMPARABLE
Sin la capacidad de las empresas y sus grupos de presión, al consumidor no le quedará más remedio que seguir pagando la electricidad a uno de los precios más caros de Europa (4º de la eurozona y 7º de la UE).
Según Facua, en la última díécada el recibo de la luz de un usuario medio en España ha subido un 86 por ciento hasta 79,66 euros, y de acuerdo con las estadísticas del organismo comunitario Eurostat, dentro de la zona euro sólo alemanes, austriacos y belgas pagan más por la electricidad que los españoles.
Las encuestas del Instituto Nacional de Estadística reflejan que en 2010 cada hogar español gastó de media 735 euros, un 59 por ciento más que en 2006, con un peso creciente del recibo elíéctrico en la economía familiar (2,47 por ciento desde 1,51 por ciento). No obstante los datos del INE no cubren justamente dos años (2011 y 2012) de fuertes subidas de la electricidad y en los que la crisis económica se ha cebado con los españoles.
Según Eurostat, los precios de la luz para particulares subieron casi un 13 por ciento en el primer semestre de 2011, por el 2,6 por ciento que bajaron los precios para la industria. (Información de Jose Elías Rodríguez; Editado por Carlos Ruano)
