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La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPED) es el instrumento más importante desde el Sur para cambiar las relaciones de poder en el planeta, según afirmó hoy el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
El mandatario explicó su propuesta presentada durante la Cumbre Amíérica del Sur-Países írabes (ASPA), realizada en la última semana en Lima, Perú, y según la cual los países contaminantes por consumo de petróleo deben pagar un impuesto por el uso de bienes ambientales.
En opinión de Correa, la OPEP sentaría un precedente único al dar respuestas a los desafíos más importantes de la humanidad en el siglo XXI, la pobreza, el cambio climático y el desarrollo sostenible.
Específicamente, el Presidente plantea que nueve de los 12 países que integran la organización y que son parte del ASPA podrían establecer el cobro del cinco por ciento por la emisión de dióxido de carbono, lo cual redundará unos 40 mil millones de dólares.
Esa suma, explicó, podría ser destinada a compensar a las naciones pobres que no pueden abonar los impuestos y no son grandes contaminadores, y tambiíén para ayudarlos a enfrentar el cambio climático y en la búsqueda de fuentes alternativas de energía.
Con esta medida, señaló, se financiaría la reducción de gases de efecto invernadero, la investigación y el desarrollo tecnológico, la diversificación de la matriz energíética y la gestión de la sostenibilidad ambiental.
Otro posible destino de la recaudación por concepto del impuesto, denominado Daily-Correa por el nombre de creador y su impulsor, es contribuir a iniciativas como la Yasuní-ITT, presentada por Ecuador.
Las autoridades ecuatorianas buscan dejar bajo tierra millones de barriles de petróleo para evitar la contaminación ambiental a cambio de una compensación por la mitad de lo que puede obtener el país de la venta del petróleo ubicado en esa reserva amazónica.
Correa contrapuso cómo en el caso de los bienes relacionados con el conocimiento se establecen barreras institucionales, sin embargo, no se sigue la misma lógica en el caso de los bienes ambientales.
En su opinión, ello se debe a que el conocimiento es generado desde los países ricos y los recursos ambientales desde los pobres, por lo cual se precisa cambiar las reglas y las relaciones de poder.
Con ese impuesto, añadió, se obligaría a los ricos a pagar por el consumo de bienes ambientales, lo cual podría incidir más positivamente para la humanidad que el Protocolo de Kioto y otros convenios en las Naciones Unidas.