El “caso Bankiaâ€, el mayor escándalo financiero del país, tiene un nuevo frente. Un grupo de accionistas del banco va a demandar a Deloitte y a Francisco Celma, encargado de auditar la entidad, por no haber reflejado en sus informes la situación crítica del banco, y perjudicado con ello a las personas que desconocían su estado y compraron acciones en su salida a Bolsa.
La demanda se presenta ante los juzgados de lo mercantil y no de lo penal, como es el caso de las querellas contra los 33 miembros del consejo de administración de Bankia, que instruye el juez Fernando Andreu desde la Audiencia Nacional. La instrucción es mucho más rápida y permite exigir a Deloitte responsabilidades civiles por una cuantía millonaria que tendrá que determinar el juzgado que se haga carga del caso.
Los accionistas acusan a la auditora de no haber “revisado y verificado correctamente†el balance del banco correspondiente al año 2011, que permitió a Bankia salir a Bolsa como una entidad solvente cuando su situación distaba mucho de serlo. La demanda acusa a Deloitte de incumplir “las reglas de auditoría y sus deberes profesionalesâ€, y de haber ocasionado notables píérdidas a los accionistas, que desconocían la verdadera situación económico-financiera del banco. El texto dice que “los auditores, obligados a llevar a cabo su trabajo con la diligencia debida, son responsables de los perjuicios financieros que hayan causado por negligenciaâ€.
No fue hasta el 30 de abril de 2012 (Bankia salió a Bolsa el 2 de marzo de 2011) cuando Deloitte se negó a firmar las cuentas correspondientes a 2011, momento en el que se supo que la contabilidad del banco no reflejaba la imagen fiel. Rodrigo Rato, presidente la entidad, dimitió días despuíés, el 9 de mayo, y pese a conocer la situación financiera dijo que Bankia era “una entidad con un nivel de solvencia muy alto, con una muy robusta situación de liquidez y con una plantilla de profesionales esplíéndida que sirve a 10 millones de clientes y a 400.000 accionistasâ€. La situación era tan solvente que dieciocho días despuíés, el 27 de junio, la entidad fue nacionalizada. Rato sigue siendo aún presidente de Caja Madrid, la caja más grande de las siete fusionadas.
Deloitte no informó en ningún momento de las irregularidades que detectó ni a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) ni al Banco de España, las dos entidades supervisoras, como era su obligación. Los demandantes reclaman ahora a la auditora el daño causado como consecuencia de la desvalorización de las acciones, cuya cuantía deberá determinar un perito designado por el juez. Los accionistas reclaman la diferencia entre el valor de las acciones de Bankia cuando fueron adquiridas por cada demandante y su valor actual.
La demanda cita numerosas sentencias del Tribunal Supremo que atribuyen al auditor la responsabilidad civil que se derive de la verificación errónea de las cuentas anuales de cualquier sociedad.
