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Los derroteros de la economía para el viejo continente andan hoy de la mano de fuertes debates acerca del impuesto a transacciones financieras, durante la reunión de ministros de finanzas de la Unión Europea (UE).
El comisario europeo encargado de la fiscalidad, Algirdas Semeta, declaró que por lo menos 11 de las 27 delegaciones que acuden a estos debates están a favor de esa imposición.
La cita intenta reflotar esa iniciativa con la finalidad de recuperar el crecimiento, idea liderada por Francia y Alemania. No obstante, los expertos consideran que se trata de un grupo reducido, mientras otros voceros indican que es necesaria la aprobación de nueve delegaciones para establecerlo.
Este controvertido gravamen lleva una cooperación reforzada que permitirá implantarlo en un círculo reducido de naciones europeas.
El apoyo a la medida está de parte de Italia, España, Estonia, Eslovaquia, Grecia, Austria, Bíélgica, Portugal, Eslovenia, Francia y Alemania.
Entre los favorables al impuesto circula el criterio de que las políticas del sector financiero resultaron origen de la crisis económica mundial, de ahí la necesidad de contribuir a costear las consecuencias.
Durante la cita se conoció que el comercio de acciones y bonos cargaría con una tasa mínima del 0,1 por ciento y la de instrumentos financieros especulativos como derivados llevaría 0,01 por ciento. La idea de la Comisión Europeo estriba en implantar el impuesto a inicios de 2014.
Sin embargo, un grupo de detractores liderados por Reino Unido y Suecia, creen que el gravamen alejará las inversiones, de ahí que aboguen por un impuesto a nivel global, y no solo para la región europea.
El debate se profundiza, en cuanto a la propuesta de expansión por la negativa estadounidense ante la posibilidad de extender ese impuesto.
Como siguiente paso, está el debate en el encuentro de ministros de finanzas de la Unión Europea de noviembre próximo.
Entre otras discusiones previstas para la reunión aparece el rescate de Portugal, al garantizar a esa nación un año adicional para reducir su díéficit por debajo del tres por ciento en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), con fecha tope hasta 2014. Además examinarán la situación del euro por países.
