Por... ALBERTO VELíSQUEZ MARTíNEZ
Si en el país operara la paz, la honradez y la justicia -así no fuera su vigencia en tíérminos absolutos sino “en sus justas proporcionesâ€- los recursos públicos rendirían más. Verdad irrefutable.
La guerra se ha vuelto muy costosa. Calculan que en los últimos 10 años, el valor del conflicto bíélico supera los 200 billones de pesos. Y si las cosas no se dan con el nuevo proceso de diálogo para llegar a una negociación política, 255 billones de pesos más se tendrían que desembolsar en la próxima díécada para financiar la demencial lucha fratricida.
Pero las cosas no paran allí. En los últimos 20 años de conflicto armado, se han destruido 6 millones de hectáreas de bosques. Y desde el 2010 hasta hoy, se calcula que esta conflagración ha devastado 2 millones. Parte del arrasamiento ha sido causado por la explotación de la minería ilegal que no tiene empachos en exterminar fuentes de agua y árboles a su paso depredador.
La corrupción está desbordada. La probidad ha sido una palabra que a estrujones se va expulsando del diccionario de la actividad pública. Ya empieza tambiíén a horadar algunos sectores de la actividad privada.
La inmoralidad en la contratación pública es devastadora. “Más del 60 % de los contratos con el Estado se adjudican, previa manipulación para ganar las licitacionesâ€.
La corrupción persiste en constituir el principal tóxico para envenenar los negocios en Colombia. Así lo considera una investigación del Consejo Privado de Competitividad. Se riega como epidemia.
En muchos billones de pesos se calcula el desangre de los presupuestos del Estado -a todos sus niveles- por obra de la corrupción. Los detrimentos patrimoniales se quedan como delitos disfrutando de la impunidad.
La justicia está bastante coja. Ni es tan pronta ni tan decidida como mandan los códigos. Los organismos de control calculan que 1.000 billones de pesos cuestan las demandas represadas contra el Estado. De esta suma, si creemos en los números del Defensor del Pueblo, 200 billones valen las demandas por detenciones preventivas sin pruebas fehacientes.
Aquí se detiene primero y luego se investiga. Se han vuelto pingí¼es negocios los actos de detención, porque una vez libres los sindicados, demandan con altas posibilidades de ganar el pleito. Contribuye a elevar estos altos costos de los pleitos, el hecho de que parecería que en nuestro sistema penal se hubiera acuñado la frase de que “la detención es la regla y no la excepciónâ€.
A este desorden de la justicia, contribuyen los llamados carruseles de testigos falsos, oprobioso protagonismo que hoy hace presencia, con patente de corso, para crear el caos judicial en el panorama colombiano.
Posiblemente la generación que arrancó de mediados del siglo pasado, difícilmente verá una paz solidificada, una corrupción erradicada y una justicia confiable por lo transparente.
Afianzar totalmente la paz, la justicia y la pulcritud administrativa seguirá siendo, por ahora, una ilusión. Sigamos soñando para que por lo menos a otras generaciones les toque algo mejor de lo que hoy padecemos. Soñar no cuesta nada y los sueños, sueños son.
