Las grandes promotoras agrupadas en el denominado G-14 han lanzado un S.O.S. al Gobierno para evitar que el futuro banco malo, denominado ahora bajo el acrónimo de SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), se convierta en la tumba del sector inmobiliario. Los antiguos reyes del ladrillo no quieren verse discriminados del plan de ayudas al sector financiero y temen que el proceso de saneamiento bancario termine convirtiíéndoles en víctimas propiciatorias con un balance siniestro de empresas en suspensión de pagos o, lo que es peor, con destino a la disolución.
El impacto sobre el sector inmobiliario del Real Decreto 24/2012 de 31 de agosto pasado, que desarrollaba el memorándum de rescate financiero, ha sido distribuido en distintos departamentos ministeriales hasta llegar a manos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El G-14 considera que, además de los razonamientos económicos, es necesario un amplio debate político para sensibilizar al Gobierno sobre el alcance de una situación que puede ser irreversible de cara al cierre del presente ejercicio 2012.
La entrada en funcionamiento de SAREB está prevista para el próximo mes de diciembre y su nacimiento implicará un desfase patrimonial para todas las compañías promotoras. No en vano los activos inmobiliarios van a sufrir un importante descuento de valoración mientras que los pasivos acumulados por el sector podrán ser exigidos íntegramente sin ningún tipo de ajuste. Es cierto que el banco malo se hará con estos críéditos a un valor que refleje el impacto de las provisiones que han tenido que ir dotando las entidades prestamistas, pero el verdadero problema surgirá en cuanto que la deuda sea vendida a eventuales hedge funds que luego podrán reclamar el importe total a sus originales prestatarios.
El tiempo juega en contra de las promotoras porque los responsables de auditoría del sector han empezado a percibir un claro riesgo de insolvencia que se irá acentuando si el saneamiento de los balances en el sistema financiero no se acompasa en las próximas semanas con medidas correctoras en los estados contables del sector inmobiliario. La propuesta del G-14 como solución alternativa consiste en la concesión de príéstamos subordinados participativos por una parte del importe de las provisiones realizadas, aunque el derecho que incorporen se extienda a la totalidad de las plusvalías que puedan obtenerse.
Esta fórmula ha sido utilizada desde hace tiempo en distintos procesos de reconversión industrial y vendría a ser una “quita virtual†que permitiría acercar el valor de la deuda acumulada por las empresas inmobiliarias al precio que finalmente se fije para los activos que sean traspasados a SAREB. Los posibles beneficios generados por la reducción de estos pasivos se destinarían a compensar saneamientos equivalentes de activos, de modo que no generarían ni resultados que se puedan distribuir ni impactos fiscales desfavorables, según el compromiso expresado en los informes realizados desde el G-14.
Otro problema añadido es el deterioro implícito que el banco malo produce en las cuentas anuales de las inmobiliarias. La reducción del nivel de precios que conlleva la aparición en el mercado del ladrillo de la nueva SAREB es una losa para todas las empresas del sector, que deberán ahora asumir un eníésimo agujero patrimonial. Esta situación no es nueva y se ha ido paliando durante los dos últimos años mediante un estado de excepción que permitía a las promotoras no tener que computar las llamadas píérdidas por deterioro que afectan a su inmovilizado material, inversión inmobiliaria y existencias. El G-14 reclama ahora una prórroga de la normativa que facilita este blindaje contable y cuya vigencia termina a finales de año. De lo contrario será necesario reducir capital o incurrir en causa de disolución como punto final en la crónica de una muerte anunciada que afectará prácticamente a todas las empresas del sector.
