Las empresas han negociado con la Seguridad Social aplazamientos de pago de las cotizaciones de sus trabajadores por valor de unos 2.000 millones de euros, lo que supone un incremento aproximado del 11% respecto al cierre del año pasado.
Desde el pasado 15 de julio el ingreso fuera de plazo de las cotizaciones a la Seguridad Social tiene un recargo del 20% siempre y cuando se haya presentado los documentos de cotización en el plazo reglamentario. Esto supuso un endurecimiento desde los recargos vigentes antes de esa fecha, que estaban fijados de forma progresiva entre un 3%, 5%, 10% y 20% en función, de si se abonaban dentro del primer mes de vencimiento, el segundo o a partir del tercero. La ley no modificó, sin embargo, el recargo en los casos en los que el deudor no presenta los documentos en plazo, que sigue fijado entre un 20% y un 35% de la deuda.
Este aumento de los recargos no está disuadiendo demasiado a las empresas e instituciones públicas y privadas de aplazar o directamente dejar de pagar las cuotas de sus trabajadores. De hecho, fuentes de la Seguridad Social calculan que el sistema tiene cotizaciones aplazadas por valor de unos 2.000 millones de euros. Esto supone cerca de un 11% desde los 1.800 millones aplazados en 2011.
"Los aplazamientos de las empresas y las instituciones siguen creciendo pero no a unos niveles que nos preocupen demasiado", indican estas mismas fuentes.
De hecho, los responsables de la Seguridad Social cuentan con estos aplazamientos como ingresos (derechos reconocidos). Si bien, en realidad, en estos casos la entrada de dinero en la caja no se produce; esto unido a la fuerte píérdida de afiliados (con un ritmo de caída anual del 3,6%) ha provocado que se hayan registrado momentos puntuales de falta de liquidez para pagar las pensiones, que se han solventado con los más de 4.000 millones del fondo de las mutuas y la utilización de 3.063 millones del fondo de reserva, que se uso por primera vez este año.
Precisamente, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se refirió ayer a las finanzas del sistema de pensiones, al informar de que la Generalitat de Cataluña saldó en octubre la deuda que tenía de alrededor de 200 millones (incluido el recargo), por impago de las cotizaciones de sus trabajadores, cuyo aplazamiento no había negociado. Esta era la única comunidad que tenía sin regularizar su deuda ya que hay otra (Valencia) que sí negoció un aplazamiento y cumple los pagos según van venciendo, según fuentes de la Seguridad Social. Baleares tambiíén solicitó aplazar cuotas pero no le fue concedido.
Dicho esto, Burgos precisó que si las comunidades autónomas -responsables del 10% de los ingresos mensuales del sistema de Seguridad Social- "siguen en este escenario (pagando regularmente las cuotas de sus trabajadores) no sería necesario de dotarnos de pagos adicionales".
Se refería así a la supuesta necesidad de volver a recurrir al fondo de reserva en lo que queda de año, para lo que habría incluso que cambiar la ley que regula estos excedentes.
En cualquier caso, Burgos asumió que la Seguridad Social volverá a cerrar el ejercicio con números rojos, pero se negó a cifrar una previsión de díéficit real. Sí criticó claramente "las acusaciones" de quienes culpan a la Seguridad Social del posible incumplimiento del objetivo de díéficit este año (6,3% del PIB).
En respuesta a las afirmaciones de la pasada semana de la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, quien afirmó que el Estado estaba "haciendo hueco" para un posible díéficit de la Seguridad Social, Burgos precisó que "las cuentas públicas son un todo; y rechazamos las acusaciones sobre hipotíéticas desviaciones que pudieran comprometer al objetivo de díéficit".
Asimismo, el secretario de Estado volvió a sugerir que el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la fórmula final de revalorización de las pensiones aunque "cumplirá la ley".
