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La ley de distribución de las regalías petroleras, aprobada esta semana en el Congreso brasileño, generó pronunciamientos a favor y en contra de una medida que debe ser rubricada por la presidenta Dilma Rousseff para entrar en vigor.
Las autoridades de Río de Janeiro y Espírito Santo, grandes productores de petróleo, arremetieron con fuerza contra esa normativa, que establece una mejor equidad en el reparto de las ganancias que se obtienen por la explotación de crudo entre los 26 estados y el distrito federal de Brasilia.
Esos territorios, donde se ubica el 80 por ciento de las reservas probadas de petróleo de Brasil, se estima que dejarán de recibir unos cuatro mil millones de dólares anuales a partir de 2013 si Rousseff firma la ley.
Representantes de las bancadas de esos dos estados en el Congreso presentaron ante el Tribunal Corte Suprema Federal una solicitud de suspensión de la legislación.
Los diputados Anthony Garotinho, Rose de Freitas y Hugo Leal sostuvieron que el documento es inconstitucional, pues viola los principios de las entidades federativas.
El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, llegó hasta afirmar que sin esos fondos la capital de su estado no podrá albergar la Copa del Mundo de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016.
Cabral recalcó que esa normativa, de ser firmada por la presidenta, generará un colapso en las finanzas públicas del estado y hará imposible la realización de ambas competencias en su territorio.
Ese pronunciamiento fue desestimado poco despuíés por el ministro de Deportes, Aldo Rebelo, quien dijo que no hay una relación entre la distribución de las regalías petroleras y la celebración de eventos deportivos.
Cid Gomes, gobernador del estado de Ceará, en el noreste brasileño y beneficiado con la propuesta de distribución de regalías, criticó tambiíén las declaraciones de Cabral y las consideró un chantaje.
Si Río no puede acoger la Copa entonces que sea en Ceará, aseveró Gomes en declaraciones a la prensa.
En tanto, 35 parlamentarios firmaron ayer un documento en el cual piden a la jefa de Estado que vete la ley, pues aseguran que fue sancionada con datos engañosos y fomenta la discordia entre los estados.
Sin adelantar su decisión, la presidenta brasileña afirmó que aún no conocía el texto de la legislación, por lo cual no podía decir nada antes de evaluarlo.
El secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalilo, señaló la víspera que el Gobierno analizará con calma la propuesta de distribución de regalías petroleras y reconoció que se trata de un asunto muy delicado.
La ley constituyó tambiíén un duro golpe para el Gobierno, pues desechó las intenciones de utilizar esos montos en el desarrollo de programas educativos y la enseñanza en general.
