La demanda de recetas dispensadas en el Sistema Nacional de Salud ha caído drásticamente por primera vez en 29 años, es decir, desde que se publican datos. En el mes de septiembre, según el Observatorio del Medicamento elaborado por la Federación Empresarial de Farmacíéuticos Españoles (FEFE), el número de recetas alcanzó una cifra de 62,7 millones, lo que representa un descenso del 20,65% con respecto al mismo mes del año pasado. El efecto disuasorio de las nuevas normas de copago en función de la renta impuestas por el Ministerio de Sanidad, que afectan por primera vez a los pensionistas, unido a la desfinanciación de algunos medicamentos ha influido de forma determinante en la caída de la demanda. Algo que se puede medir ya con datos objetivos, justo cuando otra comunidad autónoma, Madrid, acaba de sumarse al euro por receta de Cataluña para seguir ahondando en la vía del efecto disuasorio.
Los efectos del copago han dado sus frutos en función de los expertos, y, en este contexto, voces relevantes del Partido Popular no entienden la nueva tasa del euro por receta anunciada por el presidente Ignacio González en sus presupuestos para 2013 y que la CAM justifica en un nuevo intento para seguir atacando la demanda excesiva de medicamentos innecesarios. Una cuestión que, según fuentes del PP, no tiene sentido cuando las medidas adoptadas por Ana Mato en el Real Decreto, por el que se recortaban 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, ya han provocado una caída muy pronunciada en la demanda y, por tanto, en el gasto farmacíéutico.
De hecho, explican estas fuentes, el debate sobre la aplicación del euro por receta estuvo entonces encima de la mesa del Ministerio, que la desechó al elegir una vía más socialdemócrata y repartir los efectos del copago en función de la renta de los ciudadanos para que quien tiene más pague por sus medicinas. Por eso, el anuncio de Madrid, en una línea más liberal ideológicamente, y el rechazo público de Mariano Rajoy a la tasa ha reabierto una batalla política interna entre dos facciones del PP tradicionalmente enfrentadas. La Comunidad de Madrid cuenta con recaudar 83 millones de euros por ese concepto en 2013. “Por eso, no se entiende -explican desde el Partido Popular-. Esos 83 millones no les arreglan la vida y González dice que lo hace por el efecto disuasorio, cuando eso ya se ha conseguido con las medidas del Ministerio. Con esto lo que hace es quebrar ese leitmotiv socialdemócrata del Gobierno y remover el patio de los enfrentamientos internosâ€.
Caída en todas las comunidades
Según los datos recogidos por FEFE, el descenso de un 20,65% de recetas en septiembre con respecto al mismo mes del 2011 ha hecho que el gasto disminuya un 23,45%, y el gasto medio por receta decrezca un 6,05%.
En tíérminos interanuales, la caída es del 10,06%, mientras que las recetas disminuyen un 2,61% y el gasto medio por receta, un 7,65%. En este sentido, septiembre ha sido el segundo mes en el que desciende el interanual de recetas desde el año 1983.
El descenso del mes de septiembre ha sido pronunciado en todas las comunidades autónomas, sin excepciones. Las mayores caídas, superiores al 28%, se han producido en Aragón (-30,01%); Asturias (-33,03%); Castilla y León (-30,24%); Extremadura (-28,63%) Navarra (-29,36%); Comunidad Valenciana (-28,80%) y La Rioja (-29,98%).
Copago e inmigración
El incremento del copago de los medicamentos es, sin duda, la principal causa de la brusca caída de la demanda. Pero para la patronal de las farmacias hay otros dos hechos que tambiíén han sido determinantes. Por un lado, la disminución de la población y, por otro, el efecto de la desfinanciación de medicamentos.
Por un lado, según FEFE, hay un retroceso en la inmigración, mientras que, por otro, las nuevas normas derivadas del real decreto de ajuste en Sanidad y Educación por valor de 10.000 millones han hecho que los sin papeles con tarjeta sanitaria precisen ahora un aseguramiento para volver a tenerla. El número de afectados se desconoce, porque se han barajado cifras muy distintas. Desde 900.000 tarjetas inadecuadas, que podrían corresponder a 500.000 personas que abandonaron España y que dejarían los posibles afectados reales en 400.000, hasta los que, dentro de esta cifra, son extranjeros de países de la UE, quienes al margen de su comportamiento anterior, ante la nueva situación, deberán regular su documentación y recuperar el derecho a la atención.
