Más de ocho millones de euros de fianza. Esa es la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción exigirá finalmente a Iñaki Urdangarín y su antiguo socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, para hacer frente a la responsabilidad civil por el quebranto económico que supuestamente ambos causaron al erario público. La petición de fianza, que se había demorado hasta ahora por la aparición de nuevas pruebas y facturas, se formalizará la próxima semana, según han asegurado a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación judicial.
Urdangarín y Torres deberán responder de forma solidaria al pago de esa fianza, según las mismas fuentes, por lo que los dos exresponsables del Instituto Nóos tendrán que abonar más de cuatro millones de euros cada uno para afrontar las responsabilidades económicas por el dinero defraudado a las administraciones públicas con las que hicieron negocios. El último informe policial incorporado al sumario que instruye el juez Josíé Castro revela que 8,9 millones de euros de las arcas de la entidad sin ánimo de lucro fueron desviados a cuentas de sociedades controladas por los dos exsocios.
La Fiscalía Anticorrupción ha optado finalmente por fijar la cuantía de la fianza teniendo en cuenta la totalidad del dinero que el Instituto Nóos recibió de los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana por la organización de varios foros sobre turismo y deporte, durante la etapa en la que aquíéllos fueron presididos por Jaume Matas y Francisco Camps, respectivamente, ambos del PP. La otra alternativa que barajaba la Fiscalía, ya descartada, era descontar el coste real de esos foros -logística, viajes, alojamiento, conferenciantes...- de los fondos públicos percibidos. En ese caso, la fianza habría rondado los cuatro millones de euros.
Los tres mayores pelotazos del duque de Palma y Torres en esas comunidades autónomas -el Valencia Summit, el Illes Balears Fórum y los nunca celebrados Juegos Europeos de Valencia- reportaron a las arcas del Instituto Nóos unos ingresos de más de seis millones de euros. Pero, para fijar la cifra definitiva de la fianza, Anticorrupción se inclina por añadir a esa cantidad otro 30%, en aplicación del artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. í‰ste establece que "cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el juez que preste fianza bastante (...). La cantidad de íésta no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias".
Tambiíén la infanta Cristina
El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso Urdangarín, tambiíén presentará su escrito de petición de responsabilidad civil la próxima semana. De común acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, Manos Limpias pedirá a Urdangarín y Torres una fianza solidaria idíéntica, según las fuentes consultadas: más de ocho millones de euros. El sindicato de funcionarios, que ha venido reclamando, sin íéxito, la imputación de la infanta Cristina de Borbón, pretende que la caución se haga extensiva a la hija del Rey. La infanta era propietaria al 50% de Aizoon, una de las sociedades empleadas para desviar los fondos captados por el Instituto Nóos.
​Urdangarín y Torres serán procesados por malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal. Pero la celebración del juicio oral aún se retrasará muchos meses, según las fuentes consultadas. El juez Castro debe concluir primero la instrucción del sumario, al que todavía faltan por incorporar el informe solicitado el pasado mes de julio a la delegación catalana de Hacienda y la respuesta de las comisiones rotatorias libradas a Suiza, Andorra y Luxemburgo. Luego, con toda probabilidad, el yerno del Rey y su exsocio serán citados nuevamente a declarar; a continuación, la Fiscalía presentará su escrito de acusación, y finalmente el juez señalará la fecha de la vista oral.
​Castro tambiíén debe decidir si cita a declarar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuya comparecencia fue solicitada por Manos Limpias. Urdangarín se reunió en varias ocasiones con Barberá y altos cargos de la Generalitat, entre ellos el exvicepresidente Vicente Rambla, para proponerles la celebración en Valencia de los I Juegos Europeos, que serían organizados por el Instituto Nóos. El juez, asimismo, tiene previsto llamar a declarar como testigo al actual vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, que en diciembre de 2005 firmó, siendo consejero de la Generalitat, un convenio con Nóos de seis millones de euros para preparar la candidatura de Valencia a aquellos Juegos.
