El endurecimiento de la ley de desahucios supondría un nuevo obstáculo para la banca española
Javier Montoya en Expansión
En las últimas semanas ha crecido la políémica sobre la necesidad de cambiar la normativa vigente que regula los desahucios inmobiliarios. Algunos dramas personales han tenido una gran influencia en la opinión pública y en la clase política, que negocia de manera urgente un cambio en la normativa.
La maltrecha situación de la economía española ha provocado una oleada de despidos y un fuerte descenso de la renta disponible que a su vez ha disparado el número de ejecuciones inmobiliarias. La alarma social provocada por los dramáticos casos de las familias que se han quedado sin hogar ha tocado la fibra de los políticos.
La reacción está siendo muy rápida, pero, como en todos los casos en que se toman las decisiones más con el corazón que con la cabeza, las consecuencias pueden no estar convenientemente evaluadas. Los cambios normativos que conlleven un fuerte componente populista podrían dañar aún más la díébil situación de la industria financiera.
Todos somos conscientes de que se producen abusos y malinterpretaciones de las leyes, pero una excesiva flexibilización de la normativa de desahucios y ejecuciones hipotecarias podría suponer un fuerte revíés para un mercado inmobiliario en caída libre.
Si las entidades de críédito no tienen las suficientes garantías jurídicas que les permitan cubrir la eventualidad del impago de una deuda, tendrán poco o nulo aliciente para otorgar críédito a sus clientes solventes.
Sin críédito hipotecario no habrá transacciones en el mercado, lo cual alargará o incluso frenará, la necesaria recuperación del mercado inmobiliario.
La banca ya está flexibilizando las condiciones para aquellos clientes que de manera transitoria no son capaces de cumplir con los pagos, algo que de hecho es muy criticado por los inversores extranjeros.
Estos inversores son muy escíépticos sobre la restructuración de la industria y no terminan de fiarse de que las cifras, a pesar de haber superado varias auditorías, sean realistas.
Introducir un nuevo elemento de incertidumbre no es bueno, y menos si se hace como reacción populista a una situación en su punto álgido de impacto mediático.
Algunas entidades financieras ya han expresado su intención de paralizar los embargos hasta que se establezca un nuevo marco regulatorio.
El efecto sobre las cuentas de resultados de los bancos puede ser significativo si se flexibiliza demasiado la ley. Los bancos tendrían que descartar la posibilidad de recuperar el inmueble que actúa como garantía de la deuda, por lo que no tienen la posibilidad de venderlo en un futuro para recuperar todo o parte de lo que ha quedado sin pagar. Sin esa posibilidad las entidades financieras tendrían que provisionar el 100% de la deuda no satisfecha, por lo que las provisiones crecerían exponencialmente.
No se debe olvidar que el inmueble hipotecado es la garantía para el prestamista de que se tiene intención de pagar la deuda. Si por un cambio regulatorio no se puede garantizar la ejecución de la garantía, se fomenta el incumplimiento del pago.
En condiciones normales una entidad presta dinero porque tiene la convicción de que recobrará la deuda. De no ser así, el críédito no fluirá y la economía entrará en una espiral muy negativa.
Javier Montoya es analista de Alpha Plus
