La política tributaria ha centrado la mayor parte de la actividad legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy. Hacienda ha aprobado en el último año hasta 27 medidas para elevar los impuestos que pagan empresas y particulares. Ello implica una media de dos subidas fiscales al mes o una cada quince días desde que Rajoy ganó las elecciones. En el lado contrario, solo se contabilizan cuatro rebajas impositivas.
Ningún Gobierno ha subido tanto los impuestos en tan poco tiempo como el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Aunque tambiíén es verdad, como argumentan fuentes de Moncloa, que la situación económica que heredó Rajoy cuando ganó las elecciones hace ahora justo un año tambiíén resulta excepcional. La necesidad de reducir un díéficit que en 2011 alcanzó el 9,4% ha llevado al Ejecutivo a incumplir numerosas promesas electorales y a recurrir a incrementos impositivos que en la oposición calificaba de contraproducentes.
Las decisiones con un impacto económico más relevante se han adoptado en el IVA y en el IRPF. Y el mayor número de cambios normativos se han aplicado sobre el impuesto de sociedades. Las medidas fiscales (ver gráfico) se han concentrado en tres reales decretos y una Ley de medidas tributarias que ayer aprobó el Congreso y que acompaña a los presupuestos de 2013.
Por otra parte, tambiíén se han adoptado medidas que, en puridad, no pueden calificarse como un subida ni una rebaja impositiva. En este grupo se encuentra la amnistía fiscal puesta en marcha en marzo y que concluye el próxima 30 de noviembre o la posibilidad de repatriar dividendos procedentes de paraísos fiscales pagando un 8%.
La suma de todas las medidas, la mayoría ha entrado en vigor este ejercicio y otras lo harán en enero de 2013, supone un impacto neto favorable a las arcas públicas de 31.434 millones en un año natural. Dicho de otra forma, la política fiscal del Ejecutivo provocará que asalariados, pensionistas y empresas abonen un 3% del PIB más en impuestos. Estas son algunas de las medidas más destacadas:
IRPF
Cuando los analistas esperaban un incremento del IVA, el Gobierno sorprendió en su segundo Consejo de Ministros con una subida temporal del IRPF para 2012 y 2013, que elevó entre 0,5 y siete puntos el tributo que grava la renta de asalariados y pensionistas. Se trata del mayor incremento en el tipo impositivo de la democracia. Y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya sugirió en Bruselas que el aumento se prorrogaría al menos hasta 2014. La subida fiscal supone reducir en 250 euros el salario neto anual de un trabajador que gane 30.000 euros brutos y Hacienda confía en que la medida permita elevar en 4.100 millones los ingresos públicos.
En ese primer real decreto de medidas fiscales tambiíén se aprobó aumentar la fiscalidad de las rentas del ahorro y se estableció un nuevo tramo para los rendimientos superiores a 24.000 euros que, desde enero pasado, tributan al 27%. Por otro lado, tras ganar las elecciones, el Ejecutivo cumplió una de sus promesas electorales y restableció la deducción por adquisición de vivienda que el anterior Gobierno había suprimido para las rentas superiores a 24.100 euros. Sin embargo, siete meses más tarde, Hacienda acató las recomendaciones de Bruselas -que bien podrían calificarse como órdenes- y suprimió en la Ley de medidas fiscales aprobada ayer por el Congreso la deducción por vivienda para quienes compren casa a partir de enero de 2013. En esa misma ley tambiíén se incluye la creación de un gravamen del 20% para los premios que reparte Loterías y Apuestas del Estado (LAE), la ONCE o Cruz Roja, que hasta ahora estaban exentos. Además, se penalizan las plusvalías obtenidas en menos de un año, que pasarán a tributar al tipo marginal del contribuyente -entre el 52% y el 56% como máximo- en lugar de aplicar el gravamen del ahorro, cuyo tipo superior se sitúa en el 27%. En el lado opuesto, el Gobierno incluyó en el real decreto que aprobó a finales de 2011 prorrogar la reducción fiscal para los autónomos y pequeñas empresas que creen o mantengan empleo. Esta medida, que tambiíén se aplica en el impuesto sobre sociedades, se ha renovado para 2013.
IVA
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, claudicó finalmente ante la evidencia de que el díéficit de 2012 avanzaba sin control y en julio aprobó un real decreto para elevar a partir de septiembre el tipo general del IVA del 18% al 21%, la mayor subida registrada desde que se introdujo el impuesto en 1986. El gravamen reducido, que se aplica a restaurantes, hoteles, transporte de viajeros o alimentos elaborados pasó del 8% al 10%.
Además, diversos productos y servicios como la peluquería, las entradas para cine o teatro, los servicios de televisión digital o de funerarias pasaron de tributar al tipo reducido al general. El Gobierno calculó que esta medida elevaría los ingresos en 2.250 millones este año y en 9.580 millones el próximo. Se trata del cambio normativo que afectará a un mayor número de bolsillos. El aumento del IVA costará al año entre 400 y 500 euros por familia. En el lado opuesto, el Ejecutivo mantuvo para 2012 el IVA superreducido del 4% para la compra de vivienda nueva, lo que supone un ahorro de unos 750 millones.
impuesto sobre sociedades
El impuesto sobre sociedades ha sufrido más de doce cambios normativos en el último año, lo que ha molestado al sector empresarial que reclama más seguridad jurídica. En el real decreto 12/2012 aprobado en marzo se elevaron los pagos fraccionados del impuesto. La medida no tuvo el efecto deseado y en julio se adoptó un nuevo incremento sobre el mismo concepto. Lo que abone de más una empresa en el pago fraccionado se dejará de liquidar en la declaración anual. Si bien ello es cierto, la medida del Gobierno equivale a un adelanto de liquidez de las empresas al Estado en un momento en que pocas compañías están a salvo de las tensiones de tesorería.
A diferencia del IRPF o del IVA, el Gobierno no ha aprobado un incremento del tipo impositivo, que alcanza el 30%. Sin embargo, la multitud de deducciones y beneficios fiscales que contempla, provoca que el gravamen real sea muy inferior a ese 30%. Algunas grandes compañías apenas pagan un 5% sobre su beneficio. Para evitarlo, Hacienda ha limpiado de deducciones el impuesto que grava los beneficios empresariales.
Promesas pendientes
En el haber del Gobierno se acumula una multitud de promesas electorales incumplidas. Más allá de las improbables rebajas impositivas, los empresarios reclaman que el Ejecutivo cumpla su compromiso de permitir que las compañías paguen el IVA en el momento de cobrar la factura y no cuando se emite. Esta medida, que Rajoy reclamó con insistencia cuando estaba en la oposición permanece en un cajón del Ministerio de Hacienda junto con el plan de incentivos fiscales a los emprendedores. La rebaja de cotizaciones sociales que el Ejecutivo prometió cuando elevó el IVA tambiíén ha quedado suspendida hasta nueva orden.
