El expresidente de Metrovacesa ha vivido en un año una querella presentada contra íél por la Fiscalía Anticorrupción y el concurso de acreedores de su sociedad de inversión. El empresario jerezano parece esquivar siempre las peores crisis y doblegar a potentes adversarios.
Hace ahora un año que la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Joaquín Rivero. El expresidente de Metrovacesa fue acusado de ganar 2,8 millones de euros empleando información privilegiada siendo presidente de la inmobiliaria. Entonces la noticia fue la comidilla del sector inmobilario español.
Pero hoy parece como si aquella querella nunca hubiera existido. Nada indica que vaya a celebrarse juicio a corto plazo. El magistrado encargado de la denuncia contra Rivero, Eduardo López-Palop, es el mismo al que ahora le ha sido asignado el caso del Madrid Arena; el fiscal que presentó la denuncia, Alejandro Luzón, está en la actualidad dedicado a Bankia. Da la impresión de que el caso ha perdido fuelle ¿otra crisis esquivada?
Partiendo a priori como la parte más díébil Joaquín Rivero (Jerez, 1943) hadoblegado a potentes adversarios. A mediados de los años noventa se hizo con la inmobiliaria Bami adquiriendo la participación que Banco Central Hispano tenía en la compañía. A travíés de Bami lanzó, en el año 2000, una opa sobre Zabálburu, cuatro veces mayor. Y a travíés de la nueva Bami se hizo con Metrovacesa, en 2002, entonces controlada por BBVA. Un año despuíés Rivero afrontó una opa hostil sobre Metrovacesa dirigida por los empresarios italianos Francesco Gaetano Caltagirone y Alfio Marchini. Joaquín Rivero neutralizó la embestida italiana con el apoyo de algunos de los empresarios más representativos del boom inmobiliario español.
Román Sanahuja, Luis Portillo, Domingo Díaz de Mera y la familia Soler participaron con Rivero en esa Metrovacesa de principios de siglo que aspiraba a convertirse en una de las mayores inmobiliarias de Europa.
En 2005 Metrovacesa lanzó una opa sobre la francesa Gecina, una de las mayores inmobiliarias del país, valorada en más de 5.000 millones de euros, inaugurando una etapa de inversiones freníética en el sector inmobiliario español.
En 2006 la familia Sanahuja, que se había convertido en primer accionista de Metrovacesa, lanzó una opa para controlar la compañía y derrocar a Rivero. Pero este convenció a Bautista Soler para responder con una contra opa. Finalmente Rivero y Soler se quedaron con un 16% y un 15% respectivamente de Gecina, y Sanahuja con Metrovacesa.
Recientemente Rivero y Soler han metido en concurso de acreedores a las sociedades a travíés de las cuales poseen sus acciones en Gecina. De esta manera protegen sus títulos ante la posibilidad de que bancos acreedores ejecuten las garantías aportadas (las mismas acciones de Gecina). Con esta maniobra concursal, Rivero gana tiempo para proteger su participación en Gecina.
Pero este mes un nuevo actor, con más recursos que todos los anteriores juntos, ha aparecido en escena: Blackstone, la mayor sociedad de capital riesgo del mundo.
¿Que hace un fondo como tú en un sitio como este?
Alteco Gestión y Mag Import, las sociedades de Joaquín Rivero y la familia Soler a travíés de las cuales los empresarios poseen sus participaciones en Gecina (en total el 31% de la inmobiliaria francesa), presentaron el mes pasado concurso de acreedores, con 1.600 millones de euros de deuda. Con la medida los empresarios evitan que la banca acreedora ejecute las garantías aportadas por ambos para adquirir los críéditos con los que compraron las acciones de Gecina (los mismos títulos). Los bancos no ejecutaron, pero han vendido el 40% de la deuda de los empresarios a Blackstone, la mayor sociedad de capital riesgo del mundo. Cercanos a Rivero se preguntan que persigue un fondo como el estadounidense con esta operación. No se ha comunicado ni quíé bancos han vendido ni a quíé precio ha comprado Blackstone. La firma de inversión, presente en España en el capital de la compañía de envases Mivisa, gestiona capital por valor de 205.000 millones de dólares y participa en compañías que emplean a 730.000 personas en el mundo.
El acuerdo de La Palmera, en el juzgado
El 22 de noviembre de 2011 la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Joaquín Rivero por entender que había obtenido "un beneficio ilícito de 2,8 millones de euros al incumplir las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada", por la compra en 2005 de acciones de Metrovacesa.
La querella de Anticorrupción deriva de una investigación de la CNMV. La compra de 2005 de acciones de Metrovacesa a la que se refiere la querella surgió a raíz de la reunión que en diciembre de ese año mantuvieron en el palacete sevillano de La Palmera, propiedad de Luis Portillo, el mismo empresario sevillano, Román Sanahuja y Joaquín Rivero.
En ese encuentro el entonces presidente de Metrovacesa atisbó que Sanahuja preparaba una operación para retirarle de la presidencia y hacerse con el control de la compañía. Por ese motivo, explican fuentes que participaron en esas negociaciones, Rivero adquirió títulos de Metrovacesa, con el fin de contrarrestar el avance de Sanahuja.
El empresario jerezano niega empleo de información privilegiada, asegura que se comunicó debidamente al regulador y sostiene que con la compra de acciones no tenía asegurado ninguna ganancia.
