Los altos directivos de las compañías del Ibex 35 miran el calendario con preocupación. El plan del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiere tener listo para comienzos de año un impuesto que grave las indemnizaciones millonarias y blindajes salariales ha provocado un terremoto en las cúpulas de las principales empresas del país. Los afectados tienen que valorar en el próximo mes y medio la conveniencia de continuar con su ejercicio profesional o rescindir su relación laboral para salvar del Fisco el grueso de las compensaciones salariales que tienen asociadas a sus cargos.
En ese contexto, ayer miíércoles Telefónica afrontó la salida de otro destacado grupo de altos cargos de la compañía, cuya marcha forma parte de un plan del nuevo consejero delegado, Josíé María ílvarez Pallete, por adelgazar la estructura directiva. Entre los salientes figuran el responsable de la Secretaría General Tíécnica de Presidencia, Luis Abril (64); el director general global de Recursos Humanos, í“scar Maraver (63); la directora de patrocinios, Belíén Amatriain (50), exconsejera delegada de Telefónica España y de Páginas Amarillas; y el director general de Auditoría, Calixto Ríos.
Aunque las últimas salidas en la operadora se enmarcan dentro de un programa de ajustes, algunos de los directivos que han ido saliendo durante las últimas fechas han preferido formalizar su salida antes de fin de año en previsión. Esta situación es compartida por las cúpulas de otras cotizadas del Ibex 35, en la que los directivos más próximos a su edad de jubilación o con una larga trayectoria están valorando la posibilidad de adelantar su marcha antes de que concluya el año, dado que hay sospechas fundadas de que el nuevo marco fiscal estíé en vigor a no más tarde del 1 de enero de 2013.
El plan de Hacienda pretende hacer frente a una práctica de gobierno corporativo que desentona con la coyuntura actual, en la que además de la alta tasa de paro y los recortes salariales destaca la reciente aprobación de la Reforma Laboral, por la que se habilita a las compañías a despedir con 20 días por año trabajado en caso de justificar previsión de píérdidas. En línea con esta actuación, el Gobierno considera equitativo someter a revisión fiscal todas aquellas indemnizaciones o blindajes superiores a 45 días por año, de manera que no exista un agravio legal respecto al grueso de asalariados.
De acuerdo con los planes de Montoro, la nueva legislación pretende eliminar la exención referida a los 45/33 días por año cuando en indemnizaciones cuantiosas, ya que los altos ejecutivos se benefician de la exención a pesar de que sus contratos no son ordinarios; rebajar el límite de 300.000 euros o el coeficiente de reducción del 40% para hace tributar en su integridad al tipo marginal todo lo que exceda de esta referencia; y tratar de sumar el límite máximo del IPRF y del Impuesto sobre el Patrimonio, de manera que los blindajes no tributen sólo al tipo marginal sino a un porcentaje próximo al 80%.
De acuerdo con el último informe de gobierno corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las empresas cotizadas tienen en sus estructuras de mando a más de 250 ejecutivos beneficiados por cláusulas de blindaje. Aunque en teoría estas prácticas forman parte de las políticas de empresa para retener a sus empleados más cualificados, en la práctica se ha convertido tambiíén en una mera salida onerosa para los agraciados, sin que importe cuál haya sido su gestión al frente del cargo.
Sueldos y prejubilaciones de lujo
Algunos ejemplos recientes, como el protagonizado por la cúpula de Novagalicia, se han convertido incluso en asunto de opinión pública, muy sensibilizada ya ante las movilizaciones de clientes afectados por preferentes y las actuaciones en contra de los desahucios. Las indemnizaciones abonadas a cuatro directivos de la caja de ahorros gallega, finalmente nacionalizada, han terminado con sus cuatro beneficiados en la Audiencia Nacional despuíés de que la Fiscalía Anticorrupción reclamara la devolución de una parte de los millones de euros que recibieron en concepto de prejubilaciones.
Para atajar esta situación, el Gobierno del Partido Popular tomó ya cartas en el asunto al poco de llegar al poder. A este respecto, el ministro de Economía, Luis de Guindos, pretendió atajar esta vía de agua ante la opinión pública con una limitación de los sueldos de los directivos de las cajas nacionalizadas. A partir de este ejercicio, ningún alto cargo de una entidad financiera rescatada podrá cobrar más de 600.000 euros al año, una cantidad muy inferior, por ejemplo, a los 2,34 millones de euros que se embolsó Rodrigo Rato en su último curso antes de abandonar la presidencia de Bankia.
A pesar de la aparente congelación salarial de los consejos de administración y los cuadros de mando de las grandes del Ibex, los ajustes no han sido en ningún caso proporcionales a los resultados obtenidos por las empresas que gestionan, en algunos casos tras dejar sin dividendo a sus accionistas y en otras hasta registrando cuantiosas píérdidas. En el top ten empresarial español es común el caso de primeros directivos que tras más de diez años de antigí¼edad al frente de la compañía acumulan derechos millonarios para el día de su salida. Esta práctica queda ahora bajo la lupa de Hacienda.
