Semanas decisivas para Repsol y sus accionistas, que se enfrentan a la amenaza de las agencias de calificación. Para conciliarse con las mismas, la compañía tiene que vender su negocio de gas natural licuado (GNL) de forma inmediata, pero las ofertas que ha recibido están muy alejadas de los 3.000 millones que pide. La única que incluye todos los activos es la del grupo chino Sinopec, que ya le echó una mano cuando adquirió el 40% de Repsol Brasil. Pero no llega ni a los 1.000 millones.
Repsol ha decidido desde el principio no hacer manifestaciones sobre esta operación, por lo que hay que remitirse a las últimas declaraciones de su director general financiero, Miguel Martínez, en la presentación a analistas de los resultados del tercer trimestre a mediados de noviembre. “No haríé comentarios sobre el proceso hasta que la decisión sobre la venta estíé tomada a finales de año. Pero díéjenme compartir con ustedes que el proceso está desarrollándose según nuestras expectativasâ€.
Sin embargo, fuentes financieras conocedoras de la transacción señalan las dificultades con las que se ha encontrado Repsol. La más importante es que Antonio Brufau, presidente de la petrolera española, no tiene ninguna oferta en firme que se aproxime a lo que espera ingresar. La empresa participada por la Caixa, Pemex y Sacyr tasó en 3.000 millones su negocio de GNL, que incluye una deuda de 4.000 millones. Por tanto, el importe global asciende a 7.000 millones.
Pese al verdadero interíés del grupo Gaz de France Suez, en alianza con China Industrial Corporation (CIC), lo cierto es que ninguna de las propuestas recibidas cumple con lo esperado por Brufau. En primer lugar, porque las ofertas no incluyen la totalidad de los activos puestos a la venta. Repsol ha metido en un paquete las plantas de regasificación de Perú, Trinidad y Tobago y Canadá, pero está última, conocida como Canaport, está en píérdidas y nadie la quiere. Por si fuera poco, el profit warning de la multinacional francesa de principios de diciembre le ha restado muchas posibilidades.
En segundo lugar, la del país caribeño tiene el inconveniente de que los socios de Repsol -solo controla el 20%- en su capital tienen derecho preferente de compra, por lo que ello está entorpeciendo la venta completa. Y en última instancia, y como consecuencia de las dos anteriores, la única propuesta que ha llegado a las oficinas de Repsol por todo el paquete es la de Sinopec, pero es considerada como 'de derribo' porque apenas alcanza los 1.000 millones de euros más la deuda.
Trocear y convertir preferentes
Unos problemas que han impedido a Antonio Brufau, presidente del grupo, cerrar la venta en la fecha prevista, antes del cierre de 2012, tal y como anunció antes del verano y como lo había negociado con Standard & Poor´s (S&P) y Moody´s. Aunque ambas agencias de calificación se han mostrado comprensivas con la situación de la compañía española tras la injustificada expropiación de YPF, Repsol se ha tenido que reunir de nuevo con ellas para darles explicaciones de la evolución de la desinversión forzada del GNL.
Por este motivo, Brufau va a tener que aceptar alguna de las ofertas que ha recibido, pese a que no cumplen con las expectativas de precios. Fuentes próximas a la petrolera reconocen que, pese a que no era la idea inicial, es muy probable que Canaport se quede fuera de la venta, por lo que el importe a ingresar sería mucho menor. Es decir, se tendría que trocear.
Una situación que puede traducirse en la necesidad de hacer frente a una conversión a la carrera de las acciones preferentes de Repsol por valor de 3.000 millones, una maniobra que permitiría al grupo reforzar su capital y evitar la degradación a bono basura de su solvencia. Pero esto tendría un importante efecto dilutivo en sus accionistas, ya que supondría un 14% de la capitalización actual del grupo.
Repsol pretende que ese canje se haga en bonos a diez años en lugar de acciones corrientes, con el objetivo de evitar la dilución y proteger a todos los inversores. Sin embargo, esa buena intención depende del resultado de la venta del GNL, que las agencias de calificación quieren que se cierre en las próximas semanas para no verse forzadas a rebajar el rating.
