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La salida del consorcio español Gas Natural del negocio elíéctrico en Nicaragua genera hoy críticas de políticos y medios de prensa, que aspiran a mejores inversiones con nuevos socios.
Bajo el título "Gas Natural y Unión Fenosa quedaron en deuda con Nicaragua", la publicación electrónica El 19 Digital señala que a partir del retiro de la compañía ibíérica se espera no solo un mejor servicio, sino inversiones a fin de satisfacer las demandas de la población.
El presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiíérrez, consideró que Unión Fenosa (anterior nombre de la firma) y posteriormente Gas Natural contaron con la disposición del gobierno para trabajar juntos a fin de solucionar los problemas.
"Creo que existían condiciones y, más que todo, la voluntad política del gobierno de acompañar a estos accionistas para que garantizaran un mejor servicio al pueblo", respondió el legislador.
Según recordó, el principal esfuerzo para expandir y modernizar el servicio elíéctrico partió del Ejecutivo nacional y no de las inversiones que Fenosa y luego Gas Natural estaban obligadas a ejecutar.
Consultado por El 19 Digital, el analista y director de la emisora Radio La Primerísima, William Grigsby, descalificó el desempeño de la firma española: "¿Quiíén va a confiar en ellos en otros países despuíés del desastre que hicieron en Nicaragua?", cuestionó.
A juicio del titular de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, un gran reto es incidir en las píérdidas tíécnicas en la transmisión y distribución de electricidad y ello solo podrá lograrse mediante inversiones.
La entrada de nuevos accionistas, aclaró, no incidirá en ningún aspecto en el subsidio al consumo de electricidad que asegura el Estado a los sectores económicamente más vulnerables.
Gas Natural contaba con el 84 por ciento de las acciones de las distribuidoras de electricidad en el país, Disnorte-Dissur, y alegaba píérdidas de hasta 50 millones de dólares anuales por conexiones ilegales y fallas tíécnicas en las redes, mientras autoridades gubernamentales planteaban incumplimiento de compromisos inversionistas por la trasnacional.
El Estado mantiene el 16 por ciento de las acciones de Disnorte-Dissur, precisó Wálmaro Gutiíérrez.
