A Agbar y Acciona les esperan cuatro largos años de batalla legal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el control de Aigí¼es del Ter-Llobregat (ATLL). Esta es la media de lo que duran este tipo de pleitos civiles, según han confirmado diversas fuentes jurídicas.
Otras fuentes aseguran que la dilación del conflicto en los tribunales podría ser todavía mayor, ya que hay tres partes litigando, teniendo en cuenta que tanto la Generalitat como Acciona y Agbar están personadas en la causa, lo cual quiere decir que cada parte puede interponer recursos que vayan alargando el proceso.
En caso de que el litigio sea tan prolongado, típico en la judicialización de los conflictos, perjudicará a todos los implicados. En especial a la Generalitat, ya que su legitimidad como entidad privatizadora ha sido puesta en cuestión. Además, cuanto más tarde el TSJC en pronunciarse, mayor podría ser la indemnización que debería asumir la Administración catalana en caso de que el fallo fuera contrario a Acciona. Es decir, la Generalitat es la parte a la que menos conviene una larga batalla en los tribunales.
Sin embargo, para el resto de los jugadores la partida tampoco será cómoda. Agbar no podrá gestionar la ATLL mientras dure el proceso legal; por lo tanto, su principal objetivo queda lejos. Lo mismo le pasa a Acciona. El principal interrogante, además, es si el auditor le obligará a hacer algún tipo de provisión por las incertidumbres que genera una privatización de 1.000 millones.
Esta operación ha dado diversos giros sorprendentes desde que la Generalitat planeó la privatización y no se pueden descartar otros durante el proceso. Objetivamente, a las tres partes les convendría un pacto, pero ninguna de ellas parece mínimamente interesada en intentar llegar a un acuerdo.
Contabilización de 995 millones
Aunque la Generalitat ha cobrado 298 millones, en realidad el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, se ha apresurado a contabilizar los 995 millones del conjunto de la operación, los que percibirá la Administración en el conjunto de la concesión a 50 años, en este ejercicio 2012, lo que le ha servido para tener un díéficit de sólo el 2,3%.
La contabilización es tíécnicamente discutible, y más por el proceso abierto en el TSJC. Si hay incertidumbres legales sobre el futuro de la concesión, parece evidente que la Generalitat no debería contabilizar tanto los ingresos efectivos como los que tendrá en un futuro.
El Gobierno central da por buenos los 995 millones
Por ahora el Gobierno central ha dado por buena la contabilización de los 995 millones. La Intervención General de la Administración del Estado ha ofrecido la callada por respuesta. Y eso que habría razones suficientes para vetarla, teniendo en cuenta que hay un largo juicio pendiente.
El Gobierno podría hacerlo. Con la Generalitat pidiendo 9.073 millones al Fondo de Liquidez Autonómica, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene argumentos para enmendarle la plana. Pero todo apunta a que no lo hará. Algunas fuentes lo atribuyen a que el Gobierno del PP poco tendría que ganar. En caso de revisar la contabilización, el díéficit añadido que afloraría en la Generalitat pasaría a engrosar el del conjunto del Estado. Y, por lo tanto, se perjudicaría al Ejecutivo catalán, pero tambiíén al propio Gobierno central, por lo que todo indica que el cómputo del conjunto de la privatización de la ATLL seguirá anclada en 2012.
