La crisis pone juzgados mercantiles de Barcelona en situación de emergencia
Efe
Los seis juzgados mercantiles de Barcelona se hallan en situación de "emergencia" ante el alud de concursos de acreedores presentados durante el primer semestre de 2008, que se duplicaron con respecto al mismo periodo de 2007, y que podrían superar el millar en cada uno de ellos al acabar el año.
Así lo aseguran los magistrados de los juzgados mercantiles 1 y 2 de Barcelona, Enrique Grande y Josíé María Ribelles, respectivamente, quienes, en declaraciones a Efe, han urgido la entrada en funcionamiento de los dos nuevos juzgados de esta jurisdicción prometidos por el Gobierno para el presente año, sin que de momento tengan indicios de que se vayan a crear pronto.
Los mercantiles son un termómetro más de la situación económica que atraviesa España, donde cada vez son más y de mayores dimensiones las empresas que entran en situación de insolvencia y recurren a la justicia para que tutele la gestión de los pagos pendientes.
Sólo el pasado 31 de julio, último día hábil antes de entrar en el habitual periodo vacacional de agosto, se entregaron 53 concursos de acreedores -lo que antes se conocía como la suspensión de pagos-, según datos del Decanato de Barcelona.
Juzgados con volumen de trabajo
Los juzgados mercantiles de la capital catalana tramitan alrededor del 40% de los concursos de toda España y, en muchos casos, los asuntos entrantes son muy complejos, con un gran número de reclamantes, y que, además, acaban arrastrando a compañías auxiliares.
En el pasado año el volumen de trabajo de estos órganos judiciales en la capital catalana aumentó en un 13,4%, con una media de 636 asuntos repartidos cada trimestre.
Esa tendencia alcista continuó a lo largo del primer semestre de 2007, superando los 500 asuntos ingresados por juzgado, con un incremento "tremendo" en los meses de mayo y junio, explican los jueces.
Lo peor es que el aumento "no es sólo cuantitativo, sino tambiíén cualitativo", ya que "si antes los concursos podían tener unos 40 acreedores, ahora son de 200 ó 300, porque las empresas afectadas son mayores y más complejas", sostiene Grande.
Por ejemplo, un concurso de acreedores de las dimensiones del de la inmobiliaria Aisa, que admitió a trámite recientemente el juzgado número 5, ya ocupa toda la atención de un sólo órgano judicial.
Procesos largos y tediosos
Además, ese tipo de asuntos son laboriosos y su trámite puede durar un año y medio, aseguran los magistrados, que en el presente año prevíén atender unos 1.000 concursos, cuando un juzgado mercantil, según las directrices del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), debería tramitar anualmente alrededor de 350 casos.
Ambos magistrados aseguran que deben "doblar" sus esfuerzos para que no haya demoras en los procesos y se atiendan las peticiones de la sociedad "con sentido de la responsabilidad".
Aseguran que se atienden "al momento" los concurso de empresas, en su mayoría promotoras, pero a costa de dejar en el cajón los demás asuntos ordinarios, que pueden llegar a sufrir una demora de entre seis y ocho meses.
Dos juzgados como promesas
Los magistrados tienen la esperanza de que la entrada en funcionamiento de dos nuevos juzgados prometidos por el Ministerio de Justicia durante el presente año "paliará" la situación, aunque se muestran escíépticos de que se cumplan los compromisos.
"No hay ninguna seguridad, no existe ningún calendario y nadie conoce con certeza si se van a crear estos dos juzgados ni cuándo", asevera Enrique Grande, al observar cómo, a menos de cinco meses para que termine el año, no se ha anunciando su creación, ni se conoce dónde se van a ubicar, por lo que "parece que está todo parado".
"Sería dramático que no se crearan porque hay una situación de emergencia por este volumen de concursos que están entrando", alerta, por su parte, Josíé María Ribelles.
Además, como son los juzgados de más nueva creación, con sólo cuatro años en activo, tienen plantillas muy inferiores a los de primera instancia -8 trabajadores los primeros, frente a 11 los segundos- lo que, según Ribelles, "no tiene razón de ser" ya que actualmente su juzgado "soporta una carga de trabajo muy superior a uno de primera instancia".
