Fue una decisión política encaminada a poner punto y final a las fricciones entre autonomías por los famosos trasvases, y ahora, casi diez años despuíés, la construcción de 32 nuevas desaladoras en las regiones más secas de España (se proyectaron 51 pero 19 fueron descartadas) se entiende más como un problema que como una solución.
Un problema con nombre y apellidos: 2.300 millones de euros. Es decir, la inversión total comprometida por el anterior Gobierno dentro del conocido como Plan de Desalación, puesto en marcha en 2004 y que ejecuta principalmente la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).
Los elevados costes energíéticos aparejados a su actividad han provocado que muchas de estas infraestructuras apenas se estíén utilizando y que, en algunos casos, como el de Torrevieja (300 millones de euros de inversión), su uso se limite exclusivamente a casos de sequía extrema.
Pero hablar de 2.300 millones de euros es hacer referencia, al fin y al cabo, a un número redondo con sello oficial. Dar con la inversión real, lo que ya ha costado hasta la fecha este proyecto y lo que va a costar, es asombrosamente complicado.
Las cifras bailan más que Tony Manero en Fiebre del sábado noche. Nadie sabe con exactitud de cuánto estamos hablando y ni el Ministerio de Agricultura ni Acuamed quieren facilitar los datos actualizados.
Prefieren dejar al Ministro el honor de dar la exclusiva cuando considere oportuno (estíé lunes está previsto que comparezca en Senado y díé explicaciones sobre la marcha del plan). Eso sí, muchas de las fuentes consultadas coinciden en que probablemente la cantidad invertida, una vez estíén acabados todos los proyectos, será superior a 2.300 millones.
