Un paso más en la transparencia. A partir del próximo 11 de marzo, la CNMV estará informada al milímetro de cada actuación de los brókeres y de las gestoras de fondos de inversión españoles. Deberán comunicar al supervisor cualquier nueva actividad que vayan a prestar y si van a utilizar agentes para llevar a cabo sus negocios.
El supervisor deberá autorizar cualquier nueva actividad de las firmas
El Banco de España ha ido exigiendo más y más información a a las entidades financieras, despuíés del estallido de los problemas y las dudas sembradas en torno a la solvencia del sector. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tambiíén está trabajando para que sociedades de valores, agencias, gestoras de cartera (firmas conocidas bajo la denominación geníérica de "brókeres"), empresas de asesoramiento financiero (Eafi) y gestoras de fondos de inversión sean completamente transparentes.
Economía aprobó en julio un nuevo Reglamento sobre fondos de inversión que habilita al organismo que preside Elvira Rodríguez a desnudar a las entidades a las que vigila. La circular publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que entrará en vigor el 11 de marzo, pone negro sobre blanco la información que deberán comunicarle los brókeres y las gestoras de instituciones de inversión colectiva.
De entrada, las firmas deberán comunicar de forma previa los nombramientos de cargos de administración o dirección de empresas de servicios de inversión. La CNMV podrá incluso oponerse a su nombramiento. En el caso de las gestoras de fondos de inversión, no será necesaria la comunicación previa, pero sí habrán de informar en los siguientes 15 días de los nombramientos a la CNMV.
Accionistas
En la circular aparece cristalino: "Las ESI [los brókeres y las Eafi] y las SGIIC [gestoras de fondos de inversión] deberán comunicar a la CNMV toda transmisión de acciones que formen parte del capital en el plazo de siete días hábiles desde la fecha en que tuvieran conocimiento de la misma, informando de la composición final de su accionariado".
El supervisor incluye además la obligación de que las firmas le remitan cada mes de enero todos sus accionistas directos, así como, en su caso, la persona o personas que, situadas al final de la cadena de participaciones, ostenten el control de la entidad.
Sobre la ampliación o la reducción e las actividades de las empresas de servicios de inversión y de las gestoras, la norma que publicó ayer el BOE especifica que deberán solicitar permiso al supervisor cuando se dispongan a prestar cualquier nuevo servicio, salvo tres específicos para los brókeres y dos para las gestoras.
En todo caso, la circular especifica que "todas las modificaciones de las actividades" que no requieren autorización "deberán ser comunicadas con 15 días hábiles de antelación a la fecha en que vayan a ser efectivas, para su incorporación al registro".
La CNMV deberá autorizar los cambios de los estatutos tanto de los brókeres como de las gestoras, salvo una serie de modificaciones, como el cambio de domicilio social, las ampliaciones de capital social y otros puntos, en general relativas a la estructura de capital.
Por su parte, las gestoras de fondos de inversión que deleguen funciones administrativas, de control interno y de la actividad de análisis y selección de inversiones deberán comunicarlo a la CNMV con 15 días hábiles de antelación a la fecha en que sea efectiva. La circular añade que las gestoras que deleguen la actividad de análisis y selección deberán comprobar que el delegado cuenta con medios suficientes para desarrollar su actividad. Es más, deberá enviar una "declaración expresa firmada por delegante y delegado".
Agentes
Los agentes, una figura controvertida que utilizan los brókeres para captar negocio, estarán vigilados al milímetro.
Los brókeres "deberán comunicar a la CNMV, antes del inicio de la actividad de íéstos, la relación de sus agentes, indicando los datos identificativos, ámbito geográfico y material de actuación, así como socios y miembros del consejo de los agentes que sean personas jurídicas".
Los que dicen quíé votar en las juntas de accionistas
Los proxi advisors son una suerte de consejeros de los grandes inversores institucionales, principalmente fondos de inversión, en cuanto a sus decisiones de voto en las firmas cotizadas.
¿Cómo puede decidir un gran fondo de inversión estadounidense quíé votar sobre un determinado punto del orden del día de una junta de accionistas de Iberdrola? A menos de que disponga de información muy precisa sobre la compañía, su conocimiento de la utility que preside Ignacio Sánchez Galán será más limitado que el de un fondo de inversión español, que, a priori, tiene más sencillo el cauce de comunicación con la cotizada.
Por ello, es normal que contrate a un proxi advisor: "Son entidades que prestan servicios a inversores, principalmente institucionales, de asesoramiento en relación con el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad de las acciones en sociedades cotizadas", según las definió la CNMV_en un informe sobre el tema publicado en abril del año pasado.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglíés) publicó ayer un informe en el que recomienda a la Unión Europea la elaboración de un Código de Conducta para su cumplimiento por parte de estos agentes que comenzará a ser elaborado en las próximas semanas. En concreto, la ESMA tiene dos objetivos principales. Primero, que se identifiquen y gestionen los conflictos de interíés. Y, segundo, que se fomente la transparencia para asegurar la fiabilidad de las recomendaciones de voto. ¿Cómo? Mediante la difusión de las políticas de voto y metodologías de trabajo; la consideración de las características propias de los mercados locales; y la transparencia sobre las relaciones entre el proxy advisor y los emisores.
La ESMA da un plazo de dos años para ver si se han hecho avances; si no se producen, tomará medidas más explícitas.
Uno de los potenciales problemas es el de la concentración del mercado de proxy advisors. Por ejemplo, Institutional Shareholder Services tiene una cuota en EE UU_del 61% y Glass, Lewis & Co, del 37%, según el informe de la CNMV.
