El Gobierno de Costa Rica firmó hoy "cartas de compromiso" con empresas privadas locales para el desarrollo de seis proyectos de energías limpias que pretenden generar 99 megavatios (MW), informaron hoy fuentes oficiales.
Autoridades del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), rector del sector elíéctrico del país, firmaron los documentos con las empresas, que a partir de hoy deberán comenzar trámites para garantizar la financiación y obtener los permisos respectivos para los proyectos.
El presidente del ICE, Teófilo de la Torre, declaró en una conferencia de prensa que las compañías tienen un plazo de un año para cumplir con los requisitos y luego se firmarán los contratos por 20 años para que le vendan la electricidad al ICE, único autorizado para distribuir la energía.
De las seis iniciativas, cuatro corresponden a proyectos de energía eólica de 20 megavatios cada una, y los otros dos son hidroelíéctricas de pequeña escala que generarán 14 y 5 megavatios.
Las autoridades esperan firmar este año otras cinco cartas de compromiso con empresas privadas para proyectos similares que agregarán 41 megavatios más.
La inversión privada en estos once proyectos podría alcanzar los 600 millones de dólares, según cálculos oficiales.
En la firma de las cartas estuvo presente como testigo la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, quien destacó la labor que ha hecho el ICE en las últimas díécadas y aseguró que, pese a ello, es necesaria una mayor participación privada.
En la actualidad, la capacidad instalada de generación elíéctrica de Costa Rica es de 2.650 MW, el 90 % proveniente de fuentes renovables, lo cual cubre la demanda que ronda los 1.545 MW.
Casi toda la electricidad es generada por el ICE, que ha logrado llevar la energía al 99,3 % del país, pero las autoridades calculan que la demanda se incrementará en un 5 % anual, por lo que es necesario aumentar la generación, especialmente privada.
La ley permite que empresas privadas generen el 15 % de la energía total del país, lo que el Gobierno de Chinchilla quiere aumentar a un 25 % con un proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y que enfrenta el rechazo de varios partidos de oposición y los sindicatos del ICE.
