La publicación de asientos contables que supuestamente habrían formalizado los tesoreros del PP entre 1990 y 2009, ílvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, fue desmentida en cuanto a su veracidad tanto por los exadministradores como por la secretaria general de dicho partido, María Dolores de Cospedal. Esta última insistió en la transparencia con la que actúa el Partido Popular, mencionando tanto la doble auditoría, interna y externa, a la que se están sometiendo sus cuentas como la actuación anunciada por la Fiscalía. Todo ello sin siquiera plantearse la hipótesis de que los movimientos contabilizados pudieran ser lícitos. Pero el mero hecho de que el presidente del Senado, Pio García Escudero, admita como cierta la concesión de un príéstamo personal de cinco millones de pesetas impide aceptar sin más la teoría de la conspiración que De Cospedal manejó hace unos días calificando los actos circulantes de maniobra para perjudicar al PP y al Gobierno de Rajoy. El anuncio de que el partido emprenderá acciones legales contra quienes reproduzcan la supuesta contabilidad paralela se enfrenta al derecho a la información. La presentación del dinero evadido y recientemente regularizado por Bárcenas como una cuestión privada que no interpelaría al PP ni al Gobierno y la negación de la existencia de sobresueldos en B no parece suficiente, a estas alturas, para que el partido de Rajoy despeje las sospechas. Cuando menos ha de asumir la responsabilidad de esclarecer los hechos invitando a los dirigentes consignados en los asientos contables a hacer públicas sus respectivas declaraciones de renta de aquellos años, renunciando a la presentación de querellas contra medios de comunicación para cambiar tal amenaza por argumentos más convincentes que debería exponer de inmediato el propio Rajoy.
La defensa de la presunción de inocencia no evita que la opinión pública perciba opacidad allá donde el PP asegura ser claro y vea tramas fraudulentas cuando la dirección popular descubre sólo un comportamiento individual censurable. Es posible que el presidente Rajoy y su partido se sientan en la necesidad de ganar tiempo esperando que el transcurso de los días y el propio enredo que acompaña a las noticias de corrupción diluyan el escándalo. Pero deberían tener en cuenta que probablemente el “caso Bárcenas†con sus diversas variantes, ha acabado con la paciencia ciudadana.
