El anuncio del fin de la violencia por parte de ETA redujo drásticamente el negocio del grupo Casesa en 2011. La compañía de seguridad privada pasó de crecer más de un 10% a hacerlo sólo un 1%. El negocio de la protección de personas en País Vasco había llegado a suponer para Casesa hasta 30 millones de euros de facturación. La empresa, participada por la sociedad de capital riesgo Baring, ha logrado recomponerse y facturar 155 millones de euros el pasado año, según estimaciones del director general de la empresa, Javier García Saldaña, un 10% más que en 2011.
Casesa ha logrado aumentar su cifra de negocio apostando por el crecimiento orgánico con el apoyo financiero de Baring. “Durante 2012 hemos invertido en terminar nuestra implantación nacional, con delegaciones nuevas en Asturias, Galicia, Castilla León. Tambiíén hemos abierto en todas las provincias andaluzas y en Canariasâ€, explica Javier García Saldaña, director general de la compañía que cuenta hoy con 6.300 empleados, un 14% más que en 2011.
El grupo tambiíén ha reorientado la naturaleza de sus clientes: menos administraciones públicas y más compañías privadas. “Hemos huído de todo lo que olía a subastaâ€, comenta García Saldaña, que prevíé un ebitda de Casesa en 2012 de cinco millones. Para las empresas de tamaño medio la compañía está implantando un nuevo sistema que el director general de Casesa denomina “Vigilancia discontinuaâ€, y que, asegura García Saldaña, abarata el servicio de vigilancia de instalaciones entre un 30% y un 40%.
La compañía mantiene el propósito de convertirse en una de las tres grandes compañías de seguridad privada en España. Para ello contempla mantener el crecimiento orgánico por el que ha apostado en el último ejercicio y realizar adquisiciones de empresas bien implantadas en las zonas donde Casesa tiene margen de crecimiento.
“En Catañula, Aragón y Baleares vamos a hacer esfuerzos, estudiamos compañías con implantación local que nos puedan dar crecimiento. Tambiíén estamos estudiando operaciones en Galicia, Canarias y Asturiasâ€, afirma García Saldaña. “Hay empresas locales interesantes, pero tambiíén hay otras que con la crisis tienen niveles de deuda demasiado elevadosâ€, indica.
Casesa dio entrada en su capital a Baring Private Equity Partners España en 2010. En marzo de ese año una de las dos familias que controlaba el accionariado de la empresa vendió su parte a Baring.
En la actualidad la firma de inversión tiene el 65% de Casesa y los socios fundadores y el equipo directivo el resto. Baring inyectó 17 millones en una primera ampliación de capital y en septiembre del pasado año el fondo y el resto de accionistas acometieron otra ampliación de capital de dos millones.
Baring Private Equity Partners España está participada mayoritariamente por su equipo directivo y CatalunyaCaixa. La firma de inversión está presente en España desde 1987 –el mismo año de la creación de Casesa– habiendo invertido en 90 compañías. En la actualidad cuenta con una cartera de 14 compañías.
3.215 millones de negocio
A.O.
El sector de la seguridad privada en España está formado por 1.500 empresas, de las que el 72% tiene entre uno y 19 empleados, según datos de la patronal del sector, Aproser. En España sólo cuatro compañías superan los 5.000 empleados, siendo una de ellas Casesa. Se calcula que hay unos 88.000 vigilantes de seguridad privada en España, un sector que registra desde 2009 caídas anuales superiores al 5% en su facturación.
En 2011 la cifra de ingresos total obtenido por la seguridad privada en España fue de 3.215 millones de euros. Por líneas de negocio, el servicio de vigilancia facturó 2.119 millones ese año; el de transporte de fondos bajó un 4%, facturando 289 millones de euros; y sistemas y alarmas generó 807 millones de ingresos, un 9,5% menos que en 2010.
En opinión del director general de Casesa, Javier García Saldaña, el sector podría verse beneficiado legislativamente si se devolviera al vigilante “el caracter de agente de la autoridad que la anterior ley ofrecía al profesional de la seguridad privadaâ€. García Saldaña desearía “una ley menos intervencionista; bien está que se intervengan y fiscalizen instalaciones estratíégicas y asuntos relacionados con armas, pero fuera de eso, una empresa de seguridad es como cualquier otraâ€.
A finales del pasado año el sector se vio sacudido por la intervención policial de la empresa de seguridad privada Esabe. La compañía fue registrada y sus propietarios detenidos, acusados de presuntos delitos contra la seguridad social, la hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. “Este negocio funciona con poco margen; cuando una empresa acude a concursos con precios imposibles es porque algo está fallando, o no paga a los empleados o no paga a Haciendaâ€, comenta García Saldaña.
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