Guerra abierta entre el Gobierno y las petroleras. El Ejecutivo aprobó una serie de medidas el pasado viernes para reducir los precios de los carburantes y los principales operadores estudian si pueden recurrir algunas de ellas, así como el impacto de las mismas, ya que se les prohíbe poner nuevas estaciones de servicio.
Además, culpan a las autonomías de inflar los precios de las gasolinas a travíés del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Repsol, Cepsa y BP han presentado por separado, y tambiíén a travíés de la patronal AOP, una serie de documentos ante la Comisión Nacional de la Energía en el marco de las reformas en las que trabaja el Gobierno, en un momento en que denuncia que los márgenes de las petroleras antes de impuestos en España son mayores que en el resto de países vecinos.
Estas petroleras proponen, entre otros aspectos, derogar el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, con el objetivo de fomentar la competencia y dirimir la fragmentación existente en el sector minorista.
Además, denuncian las distorsiones producidas en el mercado como consecuencia de algunos impuestos especiales, que son fijados por las comunidades autónomas, como el que se aplica sobre las ventas minoristas. En este sentido, cabe destacar que tanto Castilla y León como Cataluña han subido este gravamen y han alcanzado el tipo máximo.
Según las alegaciones, este gravamen causa desvíos de consumo en la venta al por menor de los carburantes y supone tambiíén que los vendedores deban soportar unas cargas administrativas que son contrarias al funcionamiento eficiente y competitivo del sistema de distribución.
La oposición de Bruselas
Las petroleras ponen de manifiesto que la Comisión Europea ha cuestionado la compatibilidad de este impuesto con la normativa comunitaria y, actualmente, hay un proceso abierto contra España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las compañías ofrecen una alternativa, teniendo en cuenta que la recaudación de este impuesto no es precindible. Así, proponen incrementar el tipo de gravamen del Impuesto sobre hidrocarburos y el reparto de la recaudación obtenida entre las comunidades autónomas, según las fórmulas previstas en la Ley de financiación de las autonomías.
Las propuestas del sector chocan de frente con las medidas aprobadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento.
Una de las medidas más políémicas para las operadores es la prohibición de abrir nuevos establecimientos, despuíés de que el Gobierno acusara a las grandes petroleras de entorpecer la entrada de nuevos operadores.
En este sentido, tanto Cepsa como BP y Repsol ponen de manifiesto en sus alegaciones que en los últimos años ha crecido considerablemente la cuota de mercado de los operadores independientes (sin capacidad de refino) y de las estaciones de servicio situadas en hipermercados y supermercados, por lo que se muestran "en contra de medidas regulatorias que primen un determinado tipo de operador minorista sobre otro".
El Gobierno centra su ataque en elevados márgenes, pero las petroleras critican que en las comparaciones se está confundiendo el margen de distribución con el margen mayorista. Además, la patronal AOP ha pedido formalmente en el consejo consultivo de hidrocarburos que el regulador energíético publique el informe completo de los carburantes en Francia e insiste en que se armonice la comparación de los precios de carburantes de los países de la UE.
El precio de los carburantes se ha erigido como una de las prioridades del Gobierno, despuíés de que se hayan encadenado cuatro semanas consecutivas de subida.
Respecto a los precios de hace un año, la gasolina se encareció un 4,8% y el diíésel un 3%, mientras que el consumo en 2012 cayó más de un 7%. Pese al incremento, los carburantes en España siguen por debajo de la media de los precios en la Eurozona y en la Unión Europea.
