Los trabajos de auditoría de la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas sobre las finanzas de los partidos políticos y de sus fundaciones correspondientes al ejercicio 2007 han detectado una donación opaca a la Fundación Jaime Vera, dependiente del PSOE, por un importe superior a un millón de euros. A pesar de los requerimientos formulados tanto por la Comisión Mixta como por el Tribunal de Cuentas para que la institución socialista aportara información adicional sobre el origen de estos fondos, ninguno de los dos órganos fiscalizadores obtuvo respuesta.
Así consta en las conclusiones de la investigación de las finanzas de las fundaciones de 2007, donde la Comisión Mixta (integrada por diputados y senadores) y el Tribunal de Cuentas denuncian que la Fundación Jaime Vera, integrada en la actualidad dentro de la macrofundación del PSOE Ideas para el Progreso, no haya aportado más información sobre este donativo anónimo, una falta de colaboración que ha impedido a ambas instituciones oficiales ejercer de forma diligente la labor de inspección que les atribuye la ley.
El donativo en cuestión percibido por la Fundación Jaime Vera en 2007 ascendió a 1.020.191,73 euros y fue entregado por una sola persona no residente en España. El acuerdo se cerró mediante contrato privado entre el donante y un representante de esta institución dependiente del PSOE. Supuestamente, los fondos tuvieron como destino “la realización de unas obrasâ€. No hay más datos. Tan sólo que el 11 de diciembre de 2007, según consta en el informe oficial, el dinero ya estaba en la cuenta bancaria de la fundación socialista.
No colaboró en las alegaciones
La falta de información quedó refleja en el informe inicial del Tribunal de Cuentas, aprobado por el pleno de esta institución en marzo de 2012. El Tribunal consideró incompletos los datos sobre el acuerdo para la donación. Pero, a pesar de esta advertencia, en el periodo de alegaciones posterior, la Fundación Jaime Vera tampoco aportó más información sobre el origen del dinero. De hecho, el instituto encuadrado ahora en Ideas se limitó a remitir de nuevo el contrato privado con el donante que ya había sido considerado insuficiente por el Tribunal de Cuentas en primera instancia.
Fuentes oficiales del PSOE consultadas por este diario aseguran que la donación cuestionada por la Comisión Mixta de las Cortes Generales y por el Tribunal de Cuentas procedió de un militante fallecido que dejó en herencia estos fondos a la Fundación Jaime Vera para construir un auditorio que aún se estaría construyendo en los terrenos que este centro tiene en la localidad madrileña de Galapagar. Las mismas fuentes no pudieron aclarar, sin embargo, por quíé el organismo no remitió a las instituciones fiscalizadoras la documentación requerida para aclarar las lagunas que rodean a esta donación. Despuíés de todo, supuso el 59% de los ingresos totales logrados por la Fundación en 2007. Para mostrar su importancia, las cuotas aportadas por los socios ese mismo año apenas ascendieron a 105.190 euros.
La resolución definitiva de la Comisión Mixta es contundente: “El Tribunal no ha dispuesto de ninguna otra documentación de la donación que la consistente en un documento privado, fechado en junio de 2007, y suscrito por el donante y un representante de la Fundación, por el que el donante manifiesta su voluntad de subvencionar con esa cantidad la realización de unas obras que en ella se indicanâ€. En otra parte del documento, el mismo contrato se fecha el 15 de enero de 2007. Ahí se terminan los datos sobre este millonario gesto de solidaridad con el socialismo español.
Vínculos con el caso Campeón
La Fundación Jaime Vera se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán por otro oscuro episodio. El organismo habría pagado un millón de euros -la misma cantidad a la que ascendió la donación anónima- a una constructora de origen lucense vinculada con el caso Campeón por unas obras realizadas en sus instalaciones. Se da la coincidencia de que la misma constructora se encargó de realizar obras de reforma en 2007 -el mismo año de la donación señalada por el Tribunal de Cuentas- en el chalíé en Las Rozas del exministro de Fomento y miembro en la actualidad del Patronato de la Fundación Ideas Josíé Blanco, tambiíén imputado por el Tribunal Supremo en el caso Campeón por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, al considerar el alto órgano judicial que pudo cobrar una comisión de 200.000 euros a cambio de gestiones.
Blanco siempre ha defendido que pagó personalmente a la constructora 68.000 euros por esas obras en su chalíé. Pero un informe reciente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía -que incluye información de la Agencia Tributaria y que ha sido aportado al Tribunal Supremo- sostiene que el importe de los trabajos debió de ser mucho mayor que el declarado por el político natural, como la constructora, de la provincia de Lugo.
Las sospechas de la Policía parecen confirmarse porque el exdirigente socialista ya habría reconocido ante el Tribunal Supremo, según informó ayer la Cadena Ser, que las obras de reforma de su vivienda ascendieron en realidad a 170.000 euros. Blanco tambiíén habría desvelado que, de esa cantidad, al menos 100.000 euros fueron financiados con dinero del PSOE procedente del Ministerio del Interior.
La propia operación por la que Blanco adquirió su lujosa vivienda en Las Rozas se encuentra tambiíén bajo el foco. La casa estuvo anunciada en un portal inmobiliario con un precio de 900.000 euros, pero el ex vice secretario general del PSOE escrituró la propiedad por 670.000 euros. En otro informe aportado al Supremo, la UDEF concluye partiendo de estos datos y de la información aportada por el propio Blanco que hay un desfase de al menos 230.000 euros, que habría sido cubierto “con fondos de origen desconocidoâ€.
Curiosamente, la vivienda en cuestión fue escriturada por Blanco el 20 de diciembre de 2006, es decir, sólo un mes antes de que la Fundación Jaime Vera firmara –el 15 de febrero de 2007- un oscuro contrato con un donante anónimo por el que aceptaba la entrega desinteresada de más de un millón de euros que no han sido debidamente acreditados ante el Tribunal de Cuentas ni ante la Comisión Mixta de las Cortes Generales.
