La cuenta general de la Junta de Andalucía correspondiente a 2011, entregada la semana pasada por el presidente de la Cámara de Cuentas regional, Antonio López, revela que la política de personal en las empresas públicas, fundaciones y consorcios no sigue criterio de eficiencia alguno. De hecho, el número de trabajadores de esta administración paralela aumenta todos los años desde 2007.
Los empleados de las empresas públicas auditadas por la Cámara (57 en total) creció en 2011 en casi dos mil personas, fundamentalmente por el traspaso en bloque, sin plan de racionalización alguno, de 1.530 empleados de dos fundaciones que se extinguieron a una nueva agencia pública. Fundaciones que un año antes empleaban a 1.460 personas, por lo que en un solo año incorporaron a 70 efectivos más.
Pero las cuentas generales disponibles de los últimos cinco años -2012 podría estar disponible a final de este mismo año, por el compromiso de auditar con mayor celeridad asumido por la Cámara- permiten examinar con nitidez cómo el personal de esta administración paralela no ha dejado de aumentar ni un solo año entre 2007 y 2011, ambos incluidos. En concreto, un 17%, aunque bien es cierto que ese aumento se moderó mucho en 2010 y 2011, cuando creció por debajo del 1%. Pero aumento al fin y al cabo.
Incoherencias
En paralelo, Andalucía sufre la peor crisis económica desde que hay registros; y el desempleo, en ese mismo lapso temporal 2007-2011, aumentó en casi 750.000 personas y la tasa de paro se disparó 17,7 puntos, hasta superar el 30%. A cierre de 2012 rozaba ya el 36%, según la EPA.
Sindicatos como CSIF han criticado que ese aumento, especialmente el del último año por el traspaso en bloque de esas 1.530 personas, demuestra el verdadero carácter de la reforma del sector público andaluz aprobada justamente a inicios de 2011: mantener a toda costa el empleo en la administración paralela (27.665 personas en empresas y fundaciones a cierre de 2011), que este sindicato y otros como SAF denuncian que está ligado al PSOE, UGT y CCOO directa e indirectamente en gran medida.
CSIF denuncia la incoherencia de hacer el esfuerzo económico de no recortar en personal en esta administración en B mientras, por ejemplo, a final de 2012 se despidió a 1.127 orientadores y promotores locales de empleo de las oficinas del SAE (el Inem andaluz), un cuerpo de trabajadores públicos externos cuya labor es absolutamente necesaria con el paro desbocado.
Más allá de este análisis de la política de personal de la Junta en su administración paralela, la cuenta general de la Junta de 2011 refleja que las 57 empresas participadas mayoritariamente por la Junta han disparado su endeudamiento total (financiero y con acreedores comerciales, entre otros).
Entre 2009, el primer ejercicio en el que la Cámara de Cuentas incluye datos de esa deuda total, y 2011 la cifra asciende a casi mil millones más en deudas. De ellos, ochocientos millones es el aumento de la deuda con entidades financieras, que creció un 135% en 2010 y otro 40% en 2011.
Y ello pese a que las transferencias de financiación y las subvenciones de explotación aumentaron un 25%, lo que permitió al conglomerado público enjugar la caída de la cifra de negocio (de un 10,5%, hasta 670 millones) y el aumento de los gastos de un 10%. Y que las píérdidas prácticamente desaparecieran, hasta 2 millones desde 101 en 2010
