El presidente de Martinsa, Fernando Martín, ha revertido la tendencia del pleito contra Manuel Jove en el que reclama al antiguo promotor gallego un total de 1.574 millones de euros por la compraventa de Fadesa. Martín se ha liberado judicialmente del supuesto compromiso que le impedía demandar a Jove y ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que amenaza con poner ‘patas arriba’ la credibilidad de todo el sistema bursátil en España.
El litigio del siglo, derivado de la multimillonaria acción social presentada hace dos años contra los antiguos responsables de Fadesa, puede dar ahora un giro de 180 grados despuíés de una sentencia de los tribunales de Madrid favorable a Fernando Martín. Hasta la fecha, el pleito había sido sustanciado íntegramente en La Coruña con un desenlace pleno de resoluciones en defensa de los intereses del empresario gallego Manuel Jove y su antiguo consejero delegado de la inmobiliaria, Antonio de la Morena.
Se da la curiosa circunstancia de que la intervención del juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid se ha producido como consecuencia de una demanda que había interpuesto esta vez el propio Manuel Jove. El fundador de Fadesa pretendía hacer valer un supuesto acuerdo privado suscrito con Fernando Martín en agosto de 2007 por el cual este último desistía de cualquier eventual acción de responsabilidad que pudiera derivarse de la adquisición de la compañía. La operación, llevada a cabo en septiembre de 2006, supuso la creación de Martinsa-Fadesa que, como es sabido, protagonizó en julio de 2008 la mayor suspensión de pagos de la historia corporativa de España.
La magistrada Cristina Fernández-Gil ha desestimado el planteamiento de Jove, tras justificar que el citado pacto “no produce efecto algunoâ€. La sentencia fundamenta su decisión con diversos argumentos legales destacando como principio fundamental del derecho privado que “la renuncia a la acción para hacer efectiva la responsabilidad civil procedente del dolo es radicalmente nulaâ€. El juzgado de Madrid entiende que “el contrato transaccional ha resultado inexistenteâ€, por lo que absuelve a los demandados y faculta a Fernando Martín para continuar su batalla legal contra el anterior propietario y presidente de Fadesa.
Comprobar si hubo "falseamiento doloso"
Manuel Jove no ha resuelto todavía su derecho de apelación contra esta sentencia, pero Fernando Martín no ha tardado en reafirmar su voluntad y se ha lanzado con todas las consecuencias elevando el pleito hasta el Tribunal Supremo. La representación legal del empresario vallisoletano, que encabeza el catedrático de Derecho Mercantil Manuel Otero Lastres, formalizó el pasado día 20 de febrero un recurso de casación en el que trata de demostrar que no es la valoración de los activos de Fadesa lo que está en juego, sino la veracidad de los mismos.
La defensa de Martín apela al Alto Tribunal para determinar si hubo “falseamiento doloso†por parte de Manuel Jove y Antonio de la Morena en la aportación de los datos de ciertos activos que integraban el patrimonio inmobiliario de Fadesa. El recurso se dirige contra la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, que desestimó el pasado mes de enero la demanda de responsabilidad social por valor de 1.574 millones rechazada previamente, en febrero de 2012, por el juzgado mercantil de la capital gallega.
En la documentación aportada al Supremo se desglosan los activos del litigio que, en primer lugar, corresponden a propiedades por valor de 161millones de euros que, según los demandantes, no eran de Fadesa, sino de terceros o instituciones municipales. Además, otros 85 millones de euros proceden de superficies declaradas superiores a las reales, en tanto que 487 millones son derivados de clasificaciones urbanísticas falsas y mejores que las reales. Otros 120 millones se acumulan en preventas irreales o imposibles. En última instancia, Martín denuncia tambiíén la existencia de 721 millones de euros contabilizados en desarrollos urbanísticos incompatibles con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA).
El recurso de casación pone el dedo en la llaga sobre aspectos que están ahora de rabiosa actualidad en España. El objetivo de los demandantes consiste en apuntalar el deber de veracidad y el principio de transparencia en el mercado bursátil, lo que incide en muchas de las prácticas comunes de la actividad empresarial que la crisis está poniendo en permanente tela de juicio. La resolución que adopte el Tribunal Supremo puede marcar, en este sentido, un hito clave para la mejora efectiva de eso que se ha dado en llamar el 'buen gobierno corporativo' de las sociedades cotizadas.
