El Gobierno ha dado a entender que tiene muchas posibilidades de obtener de Bruselas un nuevo calendario de cumplimiento del díéficit más flexible que el anterior. Algunas comunidades autónomas como Cataluña ya se han apresurado a pedir que si se relaja el objetivo, redunde tambiíén en el suyo para no tener que acometer ajustes tan drásticos.
A esta reclamación se sumó hoy el sector privado. El presidente de la patronal de las grandes constructoras Seopan, Julián Núñez, propuso al Ministerio de Fomento adelantar parte de las obras ya comprometidas para el periodo 2013-2016 al año que viene con el objetivo de paliar los efectos que está teniendo sobre el sector la dramática reducción de la obra pública. “La cartera contratada pendiente de ejecución del Estado para los próximos cuatro años es de 32.063 millones. Considerando la licitación prevista este año (2.442 millones) y la ejecución del presupuesto (10.021 millones), a comienzos de 2014 la cartera se situará en torno a 24.500 millones. Nuestra propuesta consiste en la contracción o adelanto de un tercio de esa cifra, unos 8.000 millones, para impulsar la actividad y el empleoâ€, explicó Núñez.
De llevarse a cabo esta inciativa, la patronal estima que se podría lograr la creación de 144.000 nuevos puestos de trabajo y evitar que la construcción continúe lastrando la evolución del PIB. Además, Julián Núñez aseguró que ese importe generaría unos retornos fiscales (vía ingresos impositivos, cotizaciones sociales y ahorros en el abono de prestaciones por desempleo) de unos 5.000 millones de euros.
Empresas de autopistas
En cuanto a quíé posibilidades tiene esta propuesta de salir adelante, el presidente de Seopan subrayó que no se trata de un problema de tesorería, sino de que si España consigue finalmente el placet de Bruselas para relajar la senda de consolidación fiscal, el Ejecutivo decida destinar aproximadamente ocho díécimas de díéficit a impulsar esas obras.
El sector de la construcción quiso dejar claro que las infraestructuras no han sido el origen de la crisis, así como que en España no se ha invertido mucho más que en el resto de países del entorno. Según los cálculos efectuados por Seopan, de 1995 a 2012, la ratio de inversión pública español, en tíérminos reales de euros invertidos por kilómetro cuadrado y millón de habitantes, fue coincidente con el de Alemania, inferior al de Francia (-7%) y se situó muy por debajo del de Reino Unido e Italia (-24% y -29%, respectivamente). “Y, sin embargo, esta actividad es la que está soportando el mayor peso del ajuste fiscal realizado entre 2011 y 2012, ya que mediante la disminución de la inversión se ha logrado el 55% de la reducción del díéficitâ€, añadió Núñez.
La patronal insiste en que si no se hace nada, en 2013 la construcción restará 1,1 puntos al PIB y la contribución en 2014 continuará siendo negativa. Para revertir la tendencia actual a reducir la actividad a la mínima expresión y seguir destruyendo empleo, Seopan considera prioritario que el Ministerio de Fomento díé ya una solución a las empresas concesionarias de autopistas que se encuentran en riesgo de quiebra. El presidente de esta patronal se mostró partidario de “estudiar cualquier alternativa†que se plantee para resolver el problema, aunque aseguró no haber recibido propuesta oficial alguna sobre la posibilidad de constituir una empresa pública que asuma las concesionarias con dificultades.
Estas sociedades desembolsaron unos 2.800 millones para su construcción. De esa cifra, 1.800 millones corresponden a las aportaciones de capital realizadas por los accionistas y los otros 1.000 a las obras adicionales acometidas, de las que la Administración solo les ha reconocido hasta ahora 500 millones. A esa cantidad, habría que sumar los 2.300 millones que deberían pagar en calidad de coste de las expropiaciones, cinco veces más de lo estimado inicialmente. De la decena de concesiones con problemas, seis grupos ya se han declarado en concurso con un pasivo que suma 3.500 millones. En conclusión, si el Estado nacionaliza estas infraestructuras, podría enfrentarse a un coste no inferior a los 5.000 millones.
Siete autonomías adeudan 420 millones
Otro de los factores que no ayuda a que las empresas de la construcción remonten la delicada situación por la que atraviesan es la morosidad. Aunque hoy aplaudieron las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno central en esta materia, como el plan de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el presidente de Seopan recordó que las grandes constructoras tienen pendiente de cobro un total de 420 millones de euros de deuda vencida con siete comunidades autónomas.
Se trata de pagos correspondientes a peajes en sombra y otras infraestructuras de transporte construidas bajo el ríégimen concesional. Por este sistema, las empresas adelantaban el importe del coste de construcción de las obras y una vez que entraban en servicio, comenzaban a cobrar de la Administración un canon anual con el que se evitaba cobrar peaje a los usuarios. Las comunidades que acumulan la deuda son Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Baleares y Valencia.
Por su parte, la Administración central del Estado no suele acumular deudas de esta clase, pero sí registra desfases entre la obra comprometida y el dinero disponible para abonarla. Así, Seopan calcula que en estos momentos en los dos grandes ministerios inversores (Fomento y Medio Ambiente) existe un díéficit de unos 1.700 millones, equivalente al 17% del presupuesto de ambos departamentos, que espera que subsane a lo largo de este ejercicio.
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