Por... Xavier Sala-i-Martín
El otro día The Economist publicó un gráfico que me llamó la atención: mostraba la profesión que tenían los líderes políticos antes de entrar en política en diferentes países de la OCDE entre 1973 y 2010. En Suiza, por ejemplo, un poco menos del 50% de los políticos son abogados. En Estados Unidos son el 25% y en Portugal el 45%. Lo que me sorprendió fue que el país que lideraba el ranking era España con un 75%. Si, si. ¡España es el país de la OCDE que más juristas tiene entre los líderes de la clase política! Y eso me hizo pensar: ¿tendrá que ver eso con los problemas de la economía española? Veámoslo.
Que una parte importante de los parlamentarios de un país sean abogados tiene sentido. Al fin y al cabo, quien escribe las leyes tiene que saber de leyes. Pero cuando el número de abogados es excesivo, la cosa puede acabar no funcionando por dos razones. La primera es que la gente de una misma profesión tiende a ver las cosas de manera similar. Y la falta de riqueza intelectual que da la variedad de puntos de vista reduce la creatividad a la hora de encontrar soluciones a los problemas de la sociedad. No hay que decir que la creatividad española ante la crisis económica ha sido más bien modesta.
El hecho de que el monopolio de la política lo tengan precisamente los juristas, sin embargo, comporta un problema adicional. Como todos los ciudadanos del mundo, los abogados defienden sus intereses. Tambiíén lo hacen los empresarios, los trabajadores, los futbolistas o los economistas. Hasta aquí no hay nada de extraño. La particularidad de los abogados es que ellos se benefician de sistemas económicos y legales extraordinariamente complicados donde, para moverse, todo el mundo debe tener la necesidad de contratarles a ellos. Así, si los dejas hacer, construirán un sistema fiscal de complejidad tal que obligue a empresas y a particulares a contratar asesores fiscales (naturalmente, abogados fiscalistas). Harán que el mercado laboral tenga la particularidad de que casi cada vez que un trabajador sea despedido, el caso acabe en un juez donde a veces ganará el trabajador y a veces al empresario, pero quien siempre se llenará los bolsillos serán los abogados laboralistas que defienden a unos y otros. Harán que casi todos los mercados, desde el financiero hasta el alimentario pasante por el turismo o las telecomunicaciones, estíén ultra-regulados, y eso comportará que infinidad de empresas, trabajadores y organizaciones cometan infracciones y necesiten que algún abogado los ayude a defenderse ante las autoridades. Crearán profesiones especiales como la de notarios donde ellos cobrarán cantidades obscenas simplemente para poner sellos en documentos. Y obligarán a que se tenga que pedir permiso a la administración para todo: poner una ventana en tu casa, vender un terreno, ampliar un metro la fábrica o poner una antena de telefonía móvil. Naturalmente, el proceso de pedir estos permisos será tan complejo que requerirá la contratación de... (¡sorpresa!) ¡bufetes de abogados!
Ni que decir tiene que toda esta constelación de barreras a la libertad perjudican a la economía porque hacen que las empresas tengan que dedicar recursos a navegar por un mar de regulaciones en lugar de dedicarse a cosas productivas. Pero los efectos negativos van mucho más allá. Uno de los artículos más interesantes que leí cuando yo estudiaba economía se titulaba The Allocation of Talent: Implications for Growth(Las implicaciones sobre el crecimiento de la asignación del Talento) de Kevin Murphy, Andríéi Shleifer y Robert Vishny (publicado en el Qarterly Journal of Economics en 1991). La tesis era que si la gente de más talento de un país se dedica a hacer trabajos productivos, entonces el país tiene un gran potencial de crecimiento. Pero si, por el contrario, la gente de más talento se dedica a la “apropiación de rentasâ€, entonces la actividad productiva colapsa y la economía deja de funcionar.
Pues bien, en un país donde los juristas tienen mucho trabajo habrá muchos jóvenes con talento que estudiarán derecho en lugar de cosas más útiles como ingeniería, arquitectura o administración de empresas. Es decir, una parte del talento se desviará hacia actividades improductivas como el encontrar maneras de saltarse las barreras que ponen los mismos abogados apropiándose, de paso, de las rentas de los demás. Murphy, Shleifer y Vishny escribieron su artículo para avisar del daño que, en Estados Unidos, hacían los enormes salarios que cobraban los abogados fruto de la constante litigación que hay en aquel país. ¿Podría ser que el estado que han construido los políticos-abogados españoles estuviera sufriendo el mismo problema?
En la parte final del artículo, Murphy, Shleifer y Vishny comparan el comportamiento de 91 países y muestran que allí donde hay más estudiantes de derecho, el crecimiento es inferior. Y es interesante ver que los periodos de crecimiento en España no se han producido a travíés de olas de emprendedores con innovaciones que les ha permitido conquistar mercados exteriores (Amancio Ortega es una honorable e importantísima excepción). Los episodios de íéxito económico españoles han estado ligados a booms inmobiliarios causados por recalificaciones masivas que, naturalmente, se obtuvieron despuíés de que ejíércitos de abogados consiguieran, con sobornos o no, que las autoridades locales dieran los permisos de construcción.
Llegados a este punto, a uno solo le queda preguntarse si no será que el problema es que en España hay demasiados abogados.
Nos leemos en el foro de bolsa!
