La segunda gran reforma de las pensiones -tras la aprobada en 2011, que supuso retrasar dos años la edad legal de jubilación- está en marcha. Y el primer paso será la constitución de una comisión de expertos formada por ocho miembros, que será la encargada de atacar la ‘patata caliente’ de la próxima reforma del sistema público de pensiones, que no es otra que el adelanto de la entrada en vigor de la edad de jubilación a los 67 años sin esperar a que llegue el año 2027, como fija la actual ley.
Para justificar este adelanto -que el Gobierno no reconoce todavía de forma oficial- es necesario, asimismo, anticipar la entrada en vigor del llamado factor de sostenibilidad, y eso es lo que hará la comisión de expertos. La ley vigente fija tambiíén para 2027 la fecha de entrada en vigor de determinados parámetros (demografía, empleo o productividad) que se tendrán en cuenta a la hora de estimar el factor de sostenibilidad, que obliga a mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo.
La comisión, según fuentes de toda solvencia, se creará en las próximas semanas, como exige la reciente reforma de las pensiones en materia de prejubilaciones, y el objetivo del Gobierno es que sus conclusiones estíén listas antes del mes de junio.
Una vez que se conozcan las reformas propuestas, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social las trasladará a la Comisión del Pacto de Toledo, que no tiene capacidad legislativa, pero sí se trata de un órgano de deliberación entre el Ejecutivo y los grupos parlamentarios. Y es que el primero se ha puesto como objetivo lograr un alto grado de consenso para sacar adelante una reforma de las pensiones que tendrá elevado impacto social.
El acuerdo, según esas fuentes, es básico, y eso explica que la intención del ministerio de Fátima Báñez sea la de crear una comisión de expertos de amplio espectro. Es decir, que no se trata de incluir nombres con un perfil político cercano al Gobierno, sino que, por el contrario, se buscan especialistas en el sistema público de protección social 'independientes'.
Calendario transitorio
De esta manera, las reformas pueden presentarse a la opinión pública como una reflexión de carácter más tíécnico y menos político, lo que puede facilitar la aceptación formal de los cambios. No hay que olvidar que la Comisión Europea ha reclamado a España de forma informal -no a travíés de sus recomendaciones oficiales- un adelanto del calendario transitorio, que culmina en 2027. Ese año, todos los nuevos pensionistas deberían jubilarse a los 67 años.
Entre los nombres que están sobre la mesa se encuentra el economista Josíé Antonio Herce, exdirector gerente de Fedea y socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), uno de los mayores expertos en el sistema de pensiones.
El Gobierno está convencido de que los problemas de la Seguridad Social son "coyunturales", pese a que en el último quinquenio se han destruido 3,5 millones de puestos de trabajo. Se pone como ejemplo el hecho de que el peso de las pensiones respecto del PIB se situó el año pasado en el 10,1% del indicador, por debajo del 11% de media de la Unión Europea a 15. Y muy lejos de niveles superiores al 14% que se registran en Italia, Francia o Austria. Ahora bien, en todo caso, según las estimaciones de Bruselas, a largo plazo (2060) el peso de las pensiones subirá 3,6 puntos de PIB.
