El Ministerio de Industria prepara un nuevo recorte de 4.000 millones, de los que 2.000 millones se aplicarán al sector elíéctrico con ajustes de sus retribuciones y otros 2.000 millones irán a los Presupuestos Generales del Estado, siempre que Hacienda acepte la medida.
La intención del Ejecutivo es que los presupuestos puedan hacerse cargo de partidas como el coste de la interrumpibilidad (700 millones de euros), así como del sobrecoste de las extrapeninsulares (1.500 millones cuando se aplique la nueva regulación) que ya debía haberse cargado a las cuentas públicas.
El Gobierno considera que si se descuentan los costes financieros de la deuda elíéctrica, el díéficit de tarifa tíécnico ascendería a 1.500 millones, con lo que el problema quedaría resuelto con este recorte al sector de 2.000 millones.
Distribución, transporte y primas
En lo que respecta al ajuste que tendrá que afrontar el sector, el Gobierno ha planteado una revisión de las rentabilidades que se obtienen de los negocios regulados: distribución, transporte y primas de las renovables.
Para ello, el ministerio está ultimando un profundo análisis de las mismas para tener todas las cuentas en su mano.
La intención del departamento que dirige Josíé Manuel Soria es reformar completamente la normativa de estos sectores para que tengan una rentabilidad adecuada, tal y como marca la ley del sector elíéctrico, que definitivamente no será reformada.
Para ello, Industria trabaja en fijar una retribución homogíénea para todos estos sectores, pero incorporando ajustes diferentes para cada tecnología de generación.
La intención es que este sistema de retribución sea revisable en periodos de cinco y diez años, al igual que ya sucede en el Reino Unido, para que tal y como explicó el secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, no haya retribuciones grabadas en piedra para los próximos 25 años.
El Gobierno prepara una nueva retribución para el transporte y para la distribución de modo que se tenga en cuenta el carácter postal y no acometerá una mayor liberalización del mercado hasta que no tenga asegurada la tarifa de los ciudadanos. Para ello tambiíén prevíé mantener el bono social.
Medidas para el sector del gas
La Comisión Nacional de Energía ultima dos circulares que tienen justo este objetivo: mejorar el sistema de fijación de las tarifas tanto de electricidad como de gas. Concretamente, este organismo elevará al Ministerio de Industria una propuesta que sirva de metodología para fijar la retribución de las partes reguladas. Entre las medidas que está barajando el Gobierno figura tambiíén la posibilidad de aceptar la hibernación de algunas de las centrales de ciclo combinado de gas.
España cuenta con más de 25.000 MW instalados en este tipo de centrales y muchas de ellas apenas llegan a funcionar 1.000 horas al año, frente a las 8.000 horas para las que estaban previstas. Una solución de este tipo permitiría que algunas de estas plantas operaran más horas y ajustar los costes de las que no son necesarias a cambio de una retribución adecuada.
El Gobierno está dispuesto a dejar un margen de uno o dos años para la hibernación con la intención de que el tiempo recupere el consumo elíéctrico.
Estas medidas dirigidas al sector del gas pueden tambiíén venir acompañadas de un plan renove de calderas para la cogeneración, ya que en un plazo de tres años muchas de ellas tendrían que parar y suponen alrededor del 7% de la potencia instalada en España y la reapertura del registro para las centrales que se habían iniciado antes de la moratoria.
"Todos los sectores están haciendo esfuerzos y tenemos que hacer un ajuste en la parte regulada del sistema, que no puede ser una burbuja al margen de la economía", afirmó en alusión a la necesidad de revisar los costes regulados el secretario de estado, ílvaro Nadal.
El Gobierno ultima la aprobación de un decreto sobre eficiencia energíética y rehabilitación de viviendas, en el que habrá calificaciones energíéticas para los edificios.
Todo este paquete de medidas se prevíé que quede aprobado antes del verano y marque ya una íépoca de estabilidad regulatoria dentro del sector.
