La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha tildado de "especialmente preocupantes" los límites de, como máximo, 20 millones de euros que el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones (APL) establece para las multas a las compañías en caso de infracción "grave", ya que no están vinculadas a la capacidad económica del infractor.
En un informe al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones de la CNC, el organismo considera deseable una aproximación entre los regímenes sancionadores previstos APL y el vigente en la Ley de Defensa de los Consumidores (LDC), ya que ambos regímenes sancionadores deberán ser aplicados por un mismo organismo, el nuevo regulador integrado -la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)-.
"En supuestos de transgresión de las obligaciones regulatorias que imponga la CNMC, estos límites pueden dar lugar a que las sanciones tengan escaso potencial desincentivador debido a su reducido impacto en comparación con la facturación de las empresas con poder significativo de mercado", ha explicado el regulador de competencia.
La CNC ha recordado que en la LDC los supuestos más graves pueden suponer multas de, como máximo, un 10% de la facturación de las empresas responsables, lo que permite graduar la sanción en función de la "gravedad de la conducta, el carácter desincentivador que debe tener, y la capacidad económica de la empresa".
Menos incentivos para agentes de otros sectores
Del mismo modo, la CNC critica que el anteproyecto impone obligaciones en el acceso y uso de infraestructuras que afectan sólo a los operadores de otros sectores que no es de las telecomunicaciones, como son el transporte, electricidad o distribución de gas, y que implica que estos otros agentes tengan menos incentivos a la hora de invertir e innovar. Además, estas obligaciones pueden provocar distorsiones en mercado como la fibra oscura -circuitos de fibra desplegados pero que no se utilizan por los operadores de telecomunicaciones- donde otros sectores ejercen una presión competitiva significativa.
Además, el organismo presidido por Joaquín García Bernaldo de Quirós advierte de la posible conflictividad jurídica que puede generar la Ley, ya que en el anteproyecto se incide de forma "poco clara y escasamente proporcionada" en las competencias de las distintas administraciones públicas como, por ejemplo, las relativas a urbanismo y planificación del territorio o a defensa de los consumidores y usuarios.
Este entorno de conflictividad generaría un aumento de la incertidumbre jurídica y económica, que dificultaría tanto la inversión como el desarrollo competitivo de los mercados, ha apuntado.
Separar funciones sectoriales y competencias
En cuanto al nuevo organismo regulador que agrupará a los supervisores actuales, la CNC ha instado a que en la CNMC se delimite claramente las funciones sectoriales y las de defensa de la competencia.
Asimismo, el organismo ha pedido que se establezcan los cauces de coordinación necesarios, tanto en el seno de la CNMC, como entre este regulador y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
