Si no cobro, no puedo pagar. Este problema que está viviendo la mayoría de las pymes españolas se ha extendido ya a las grandes empresas cotizadas. Una de ellas es FCC, que ha conseguido un acuerdo con la Agencia Tributaria para aplazar el pago de determinados impuestos y las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores. La constructora esgrime que las Administraciones Públicas le adeudan importantes cantidades de dinero, por lo que necesita una moratoria para hacer frente a sus obligaciones.
Según ha confirmado FCC, el grupo controlado por Esther Koplowitz ha conseguido una autorización de la Delegación de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para “el aplazamiento del pago de determinados impuestos y cuotas de la seguridad social, motivado por la demora en el cobro de los clientes públicosâ€. La compañía tiene contabilizado en su balance retrasos a largo plazo con las Administraciones por 173,25 millones de euros.
Dichas moratorias de pago tienen vencimientos mensuales hasta un máximo de cuatro años, con un tipo de interíés del 5%, que es el que tendrá que abonar FCC a Hacienda. Según fuentes oficiales de la compañía, algunos bienes inmobiliarios están afectos a garantías requeridas para el aplazamiento en cuestión. La compañía desconoce si esta solución se ha aplicado a otros casos similares de empresas que prestan servicios públicos y que llevan meses sin cobrar de la Administración.
A FCC, que es una de las mayores empresas encargadas de la gestión del agua, de la recogida de basuras, del reciclaje y del mantenimiento de parques, entre otras actividades, los ayuntamientos y las comunidades autónomas le adeudan unos 750 millones de euros. Esta cifra ya viene tamizada por el cobro de cerca de 1.100 millones en mayo de 2012 gracias a la implementación por parte del Ejecutivo del Plan de Pago a Proveedores por valor de 27.000 millones.
Gracias a esa línea de críédito, la cuenta a cobrar por FCC bajó a cerca de 400 millones. Sin embargo, los consiguientes retrasos en el segundo semestre del pasado año, especialmente del Ayuntamiento de Madrid, han elevado la cifra hasta los 750 millones de euros actuales. Estos impagos ponen en aprieto la liquidez de la empresa, que ha tenido que recurrir a operaciones como el alquiler de la autocartera a un banco internacional a cambio de dinero. FCC espera cobrar unos 90 millones antes de junio, cuando el Gobierno ponga en marcha el segundo plan de pago a proveedores.
El acuerdo entre Hacienda y FCC es llamativo si se tiene en cuenta que el Estado exige a los autónomos y a las pymes el adelanto del pago del impuesto del valor añadido (IVA), pese a que muchas de sus facturas no han sido cobradas a clientes públicos. Según varias organizaciones de pequeños empresarios, en 2012 pagaron por adelantado 976,8 millones de euros, importe que se suma a los 1.933 millones que ya habían desembolsado en 2011 de facturas sin pagar.
Sentencia del Supremo
No obstante, el acuerdo con el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro no ha servido para reconducir unas diferencias de criterio con Hacienda por el abono del impuesto sobre sociedades de los años 1991 y 1994. Un asunto muy viejo que ha acabado, recurso tras recurso, en el Tribunal Supremo.
La alta instancia judicial resolvió el pasado año que FCC había de pagar 25,2 millones de euros como penalización, a unos cinco millones por cada ejercicio fiscalizado. Estas cargas no han afectado al patrimonio de la constructora, que en previsión de una sentencia contraria a sus intereses ya había provisionado esa cantidad.
