Endesa tiene previsto solicitar hoy a la Audiencia Nacional medidas cautelarísimas contra la resolución del Ministerio de Industria del pasado viernes por la que se obliga a las centrales tíérmicas que funcionan con carbón nacional a comprar mineral. La mayoría de estas plantas son de la elíéctrica propiedad de Enel. Dicha resolución es una modificación de otra que el ministerio aprobó en febrero en la que se establecían las condiciones para la compra de carbón autóctono (volúmenes anuales y precio) a la que obliga el real decreto de 2010 sobre restricciones por garantía de suministro. Este fija un precio regulado para la producción de electricidad con carbón.
El reglamento de febrero fue recurrido por las elíéctricas afectadas (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y la antigua Hidrocantábrico) alegando que el precio del carbón decidido por Industria no recogía los impuestos a la energía (un 7% a la electricidad y el cíéntimo verde al carbón) que entraron en vigor el 1 de enero. De todas las denunciantes, solo las dos primeras solicitaron en aquel caso medidas cautelares. La Audiencia, que aún no se ha pronunciado sobre las mismas (se calcula que lo hará en la segunda mitad de abril), tendrá que hacerlo ahora sobre cautelarísimas de Endesa.
En la resolución de febrero el Gobierno solo establecía los volúmenes de combustible a quemar, por lo que las afectadas estaban cumpliendo su obligación al utilizar el carbón que tenían en stock en sus centrales. Por tanto, al no adquirir carbón nuevo, las mineras acabaron protestando ante el ministerio. Con la resolución del viernes se obliga a las elíéctricas a comprar cantidades mensuales (una doceava parte del volumen anual obligatorio) a las mineras y al almacíén estratíégico de carbón que gestiona Hunosa.
En cualquier caso, fuentes de las elíéctricas recuerdan que el operador del sistema, REE, no está despachando producción con carbón, con lo que las centrales no pueden funcionar. Por otro lado, los parques de estas plantas están saturados, lo que dificulta nuevos depósitos sin que resulte peligroso.
La situación de la minería es especialmente grave desde que el Gobierno denegara a las grandes compañías privadas del sector (las del grupo de Victorino Alonso y Hullera Vasco Leonesa) las ayudas a la producción del año pasado alegando que no estaban al corriente de los pagos a la Seguridad Social. Estas ayudas, que solo han recibido la pública Hunosa y las pequeñas del sector, son una de las dos vías de ingresos de la minería, la otra, son las ventas de carbón a las centrales tíérmicas.
La decisión de Endesa de solicitar cautelarísimas (Gas Natural Fenosa lo estaría estudiando, aunque no ha tomado decisión alguna) se interpreta como un paso más en el conflicto con el Gobierno, desvelado en el Senado por el propio secretario de de Energía, Alberto Nadal. Según fuentes empresariales, las medidas cautelares que Endesa solicitó son “más duras†que las de Gas Natural. Ambas reclamaron que en el precio regulado para la compra de carbón se repercutan los impuestos energíéticos, y, en su defecto, que se suspenda la resolución. Endesa solicitó, además, que se paralice cautelarmente la obligación de comprar carbón.
Teniendo en cuenta que las cautelares solo se justifican cuando se produce un daño económico irreversible, en este caso, la posibilidad de recuperar el dinero existe, si bien, lo irreparable es el efecto que la producción con carbón tendría en los precios del mercado mayorista de la electricidad, indican fuentes jurídicas.
Las mineras esperan acontecimientos
La mineras de carbón, salvo la pública Hunosa, atraviesan una situación delicada. Despuíés de que las centrales tíérmicas suspendieran la compra de combustible a partir del 1 de enero ante la ausencia de un reglamento que determinase el volumen a adquirir y el precio, cuando este se publicó el pasado mes de febrero, las elíéctricas optaron por recurrirlo ante la Audiencia Nacional y por consumir únicamente sus stocks.
La situación se agravó despuíés de que el Gobierno decidiese denegar a las grandes empresas privadas las ayudas del Plan de la Minería que estaban esperando desde el año pasado alegando morosidad en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. En las negociaciones con el Ministerio de Industria han pintado bastos para unas empresas, que, en su mayoría, tienen a sus plantillas en EREs temporales. Incluso las dos del grupo de Victorino Alonso han solicitado el preconcurso de acreedores.
¿A quíé está esperando un sector tan combativo? En primer lugar, a que se resuelva el recurso de reposición presentado por las que se han quedado sin ayudas (además de las de Alonso, la Hullera Vasco Leonesa);a que la Audiencia se pronuncie sobre las cautelares solicitadas por Endesa y Gas Natural Fenosa (y ahora las cautelarísimas de la primera) y a que las que no han pedido estas medidas, se dispongan a comprar mineral cada mes, tal como establece la resolución del pasado viernes.
Una de las que no las ha solicitado es EDP España (antigua Hidrocantábrico), que acaba de firmar un contrato a largo plazo con Hunosa. La asturiana, filial del grupo energíético portuguíés, reclama una mejora del precio pero no está de acuerdo en que, por ello, se deba paralizar la actividad minera.
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