El almacíén de gas Castor se sitúa una vez más en el centro de la políémica. Tras el debate por el coste económico de esta instalación y los casi 300 terremotos que ha provocado este mes, se suma ahora el financiero.
La agencia de calificación Fitch decidió poner ayer en perspectiva negativa los 1.400 millones emitidos en bonos y suscritos por varias entidades financieras, entre ellas, el BEI ( a travíés de los project bonds) con casi 500 millones de euros.
Fitch asegura que ACS les ha informado de que el Instituto Geológico ha iniciado ya un estudio tíécnico sobre los motivos de los terremotos y que el Ministerio de Industria ha iniciado ya la auditoría de costes del Castor, un proceso imprescindible para recibir la autorización definitiva de operación.
La agencia de calificación esperaba que este hecho se produjera en mayo de 2014, despuíés de algunos retrasos administrativos, pero la incertidumbre que abre esta situación puede incluso provocar el cierre de la instalación, en el peor de los casos. Es decir, de confirmarse la relación entre terremotos y el almacíén de gas como los expertos ya comienzan a apuntar.
La empresa del proyecto tambiíén tiene el derecho a revertir la concesión al estado -un extremo que según fuentes consultadas llegó a plantearse ya el año pasado- y recibir el valor neto contable como indemnización, ya que el proyecto fue promovido por Industria.
Soria explicó que en el último año y medio su ministerio se ha centrado "en la cuestión económica", que tal y como desveló elEconomista, supuso que este almacíén presupuestado en 500 millones haya terminado costando 1.300 millones.
Los últimos terremotos
Castellón sufrió la pasada noche un útimo terremoto de 4,2 puntos en la escala de Richter, el mayor registrado este año y se teme que puedan seguir los seísmos.
El ministro ha asegurado que Castor cuenta con todos los estudios, pero Industria tuvo que ordenar el jueves parar las inyecciones de gas por los numerosos terremotos y eso a pesar de que la propia empresa alertó de estos seísmos. Soria ha explicado que su departamento está en "contacto permanente" con el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico, que están "estudiando la situación.
El ministro ha indicado que Industria está en contacto con la Generalitat Valenciana y la delegación del Gobierno y que íél mismo dio "directamente la noticia de que estábamos firmando en ese momento la resolución" al presidente de ACS, Florentino Píérez, principal accionista del proyecto.
ACS se remitió a un comunicado emitido por Escal y rehusó hacer declaraciones sobre la situación del almacíén de gas. Escal asegura en dicha nota que la instalación está en perfecto estado y que colaboran con las autoridades.
