La Policía sospecha que Cajastur, una de las cuatro cajas de ahorros integradas en Liberbank, pagó en 2008 un precio muy superior al valor de mercado por unos terrenos de 28 hectáreas en Llanes (Asturias) por los que desembolsó 47,5 millones de euros pese a "la situación jurídica de los mismos", ya que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad costera, que preveía la construcción de viviendas y equipamientos comerciales en esa parcela, había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) antes de que se cerrase la operación de compraventa.
Tras la ruinosa operación, Cajastur transfirió el pasado año la finca, conocida como La Talá, a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, por un valor cercano a los 18 millones de euros. Es decir, casi 30 millones menos de los que la entidad ahora integrada en Liberbank había pagado cinco años antes.
Un informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Asturias, al que ha tenido acceso El Confidencial, señala que "llama la atención" que Cajastur "adquiriera unos terrenos por ese precio teniendo en cuenta la situación jurídica de los mismos, con varias sentencias denegatorias del PGOU de Llanes y supeditadas a una decisión del Tribunal Supremo respecto de los recursos presentados, cabiendo la posibilidad de que los mismos [terrenos] finalmente no pudieran ser utilizados para la construcción de las viviendas y equipamientos proyectados", como, en efecto, así ocurrió.
El Ayuntamiento de Llanes, gobernado por el PSOE, recurrió en casación la sentencia del TSJA, pero el Tribunal Supremo tumbó definitivamente el plan urbanístico de La Talá el pasado mes de octubre. La sentencia del alto tribunal, contra la que no cabe recurso, sostiene que el plan parcial de La Talá, que preveía la construcción de más de 500 viviendas, no puede ser aprobado sin un PGOU que le díé cobertura jurídica; y el de Llanes fue anulado primero por el TSJA, en 2007, y más tarde por el propio Supremo, en 2011.
El informe de la Brigada de Delincuencia Económica fue entregado el pasado 22 de mayo al juez íngel Sorando, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que ordenó abrir una investigación contra el actual presidente de Liberbank, Manuel Meníéndez, y el ex director general de Cajastur, Felipe Fernández, por un presunto delito societario y otro de falsedad documental. Las diligencias judiciales se incoaron a raíz de la denuncia presentada por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que acusa a ambos directivos de haber amparado la operación urbanística de La Talá a sabiendas de que la recuperación de la inversión era inviable.
Príéstamo hipotecario
La promotora Nozar Masaveu compró los terrenos en octubre de 2007 por 35 millones de euros al empresario asturiano Juan Antonio Píérez-Simón, que los había adquirido una díécada antes por 500 millones de pesetas (tres millones de euros). La compra de la finca se financió con un príéstamo hipotecario de 28 millones formalizado con Cajastur. Apenas 11 meses más tarde, en septiembre de 2008, Cajastur pagó al grupo Nozar Masaveu, gravemente afectado por la crisis inmobiliaria, 47,5 millones de euros por una parcela sin apenas valor.
Según la denuncia formulada por la CSI, la dirección de Cajastur -encabezada entonces por Meníéndez y Fernández- "quebrantó todos los controles de riesgo y su proceder incurrió, como poco, en delito societario y falsedad documental, al adquirir un bien de escaso valor para favorecer a un holding empresarial [Nozar Masaveu] que se encontraba prácticamente en quiebra". El juez Sorando envió el pasado 1 de abril una copia de la denuncia a la Policía "a fin de que practique diligencias para el esclarecimiento de los hechos".
El informe policial, que ha sido tambiíén remitido a la Fiscalía, asegura que "lo lógico habría sido la adquisición a la baja, es decir, protegiendo el importe total del críédito hipotecario suscrito con Nozar Masaveu, que ascendía, según informe de riesgos de la propia Cajastur, a la cantidad de 28 millones de euros, y no al alza, pagando más que lo que la mercantil les debía por unos terrenos sujetos a controversia jurídica, con el riesgo que ello conlleva".
