The Associated Press
BUENOS AIRES (AP) — Un fiscal imputó el viernes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, al jefe de gabinete de ministros Jorge Capitanich y a sus dos antecesores en el cargo por la supuesta malversación de fondos públicos.
Los dineros involucrados estaban destinados al programa Fútbol Para Todos, por el cual el Estado explota los derechos de televisión de los partidos de la liga local.
La medida fue dispuesta por el fiscal federal Eduardo Taiano quien consideró que hay elementos suficientes para iniciar una investigación formal en contra de los imputados a partir de una denuncia presentada por la diputada opositora Graciela Ocaña.
La legisladora se presentó ante la justicia en mayo para solicitar se investigue el manejo de millonarios fondos que el gobierno destina a la explotación televisiva de los partidos de la primera y segunda división desde 2009.
"Es imposible acceder a información pública...Ojalá que a partir de esta imputación se pueda iniciar una investigación", dijo la diputada al canal Todo Noticias tras conocerse la decisión del fiscal.
La asociación futbolística, a la cabeza de Grondona, es la que cede los derechos de televisión a cambio de un monto que luego reparte entre sus clubes asociados. Ocaña planteó en la denuncia que los mayores ingresos que recibió la entidad a partir de 2009 cuando rompió el contrato con una empresa privada y se los cedió al Estado no vio reflejado en una mejora en la situación financiera de los clubes.
"Cuadriplicaron su díéficit y no sabemos a dónde fue el dinero", afirmó Ocaña.
En tanto que la jefatura de gabinete de ministros, hoy a cargo de Capitanich y antes Juan Manuel Abal Medida y Aníbal Fernández, es la dependencia oficial que tiene a su cargo la producción y televisación de los partidos. La diputada Ocaña tambiíén denunció a los mencionados funcionarios por la falta de control sobre los fondos públicos destinados a la AFA así como tambiíén la contratación de una productora para la televisación de partidos sin licitación previa.
Los funcionarios negaron las acusaciones, pero aclararon que el Estado no puede intervenir sobre los manejos administrativos de la AFA pues la FIFA prohíbe en sus estatutos
