Gibraltar cede y por primera vez toma medidas para acabar contra el contrabando de tabaco, una práctica que causa cada año un agujero en las arcas del Estado español de más de 1.000 millones de euros. Ante la presión de empresas como la británica Imperial Tobacco, la dueña de Altadis, y, sobre todo del Gobierno español, el Peñón tiene ya en marcha un Propuesta de Enmienda a la Ley del Tabaco. De acuerdo con el borrador de la misma, las tiendas y los bares sólo podrán vender como máximo 1 cartón de tabaco por persona al día, lo que equivale a 10 cajetillas, frente a los 5 actuales. Asimismo, se otorgará poder al Administrador de Aduanas para suspender cualquier licencia de venta, en los casos en los que el titular o algún empleado o agente del establecimiento haya sido acusados de un delito relacionado con el tabaco.
De momento, y al margen de este cambio normativo, Gibraltar se ha comprometido ya a colaborar con la Olaf (la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), ha limitado ya el horario de venta de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ha establecido que cada establecimiento no pueda tener más de 30 cajas en su almacíén, lo que equivale a 50 cartones, y ha fijado una serie de zonas rojas, áreas próximas a la Aduana para todas aquellas personas que no sean residentes en las mismas donde puede haber detenciones y registros.
Mayores controles
"El Gobierno de Gibraltar está aumentando los poderes de los agentes del Servicio de Aduanas (HM Customs) y la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police) para combatir el comportamiento antisocial derivado del contrabando de tabaco", señala la Administración del Peñón. En la misma línea tambiíén, y despuíés de haber llevado a cabo tres subidas de impuestos durante la presente legislatura, desde diciembre de 2011, el Ejecutivo que preside Fabian Picardo no descarta la posibilidad de llevar a cabo nuevos incrementos.
El fraude ha adquirido tal magnitud que tanto el Gobierno español como las grandes multinacionales tabaqueras se han estado movilizando en los últimos años contra el tráfico ilícito, que alcanza ya el 11,3 por ciento del total de las ventas. España había endurecido ya el control en la frontera, pero sin haber conseguido hasta ahora ningún tipo de resultado. Desde el 1 de enero de 2013 el número de cigarrillos que los residentes y trabajadores de la comarca del Campo con Gibraltar pueden introducir con beneficios fiscales en España se ha limitado de 200 a 80 cigarrillos al mes, o lo que es el mismo de un cartón a tan sólo cuatro cajetillas. Para los ciudadanos del resto del país, se mantiene en cambio en un cartón.
A la espera de estas nuevas medidas que pondrá en marcha Gibraltar, el Gobierno español está decidido tambiíén a imponer fuertes sanciones, amenazando incluso con la retirada de la licencia a las tabaqueras, ante las sospechas fundadas de que algunas de ellas están facilitando el contrabando de cigarrillos desde el Peñón al vender mucho más tabaco de que se consume allí para que luego pueda pasar la frontera sin haber pagado impuestos aquí.
Inspecciones de Hacienda
El Consejo de Ministros autorizó ya en mayo la adhesión de España al Protocolo contra el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, puesto en marcha por la ONU y Hacienda está estudiando ahora un paquete de medidas para exigir a las compañías cumplir con lo que se conoce como el principio de diligencia debida, de modo que las empresas tengan la obligación de ajustar los volúmenes de venta al Peñón, y en menor medida tambiíén a Andorra, a la demanda real del mercado, además de controlar y auditar a sus distribuidores.
La Agencia Tributaria española va a seguir muy de cerca los movimientos, sobre todo, de compañías como H. Van Landewyck, un fabricante de Luxemburgo que produce enseñas como Elyxir, Austin o Ducal; la griega Karelia Tobacco, dueña de American Legend, y la chipriota Explosal Ltd, propietaria de Raquel, entre otras. De acuerdo con un informe bianual que hace Ipsos para la propia industria, entre estas tres compañías suman una cuota de mercado del 36,1% entre las cajetillas sin precinto fiscal, es decir, aquellas que proceden del tráfico ilícito o que han sido introducidas de forma legal desde otras países. El problema radica en que frente a esa participación tan alta de tabaco que no paga impuestos aquí, estas compañías apenas tienen cuota en el mercado legal aquí y si que venden, en cambio, grandes cantidades en el Peñón.
Ninguna de las compañías bajo sospecha ha suscrito el acuerdo con Olaf, que sí han firmado, en cambio, las cuatro grandes del mundo: Philip Morris, Japan Tobacco International (JTI), Imperial y British American Tobacco.
